El 14 de marzo de 2020 el Gobierno español decretaba el Estado de Alarma en todo el país para hacer frente a la pandemia de COVID-19 que se estaba extendiendo por todo el mundo. Comenzaban así tres meses de confinamiento que estuvieron marcados por la incertidumbre y el dolor de quienes se encontraban lejos de sus seres queridos; pero la lucha no acabó entonces, pues una vez pudimos empezar a salir a la calle, con restricciones todavía, el coronavirus se había adueñado de gran parte de nuestras costumbres.
Ahora, cinco años después, la cifra de muertos en las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid continúa siendo un motivo de controversia polémica. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, negó el pasado miércoles que en la primera ola de la pandemia falleciesen 7.291 personas mayores a consecuencia del coronavirus en estos centros, lo que provocó un conflicto en el Pleno de la Asamblea de Madrid del día siguiente.
La reivindicación de las víctimas ha estado presente, por ejemplo, en el arte: Ramón Mateos presentaba en la Feria ARCO de Madrid de este año una pieza en la que se podía leer el número impreso sobre una cortina de cadenas de metal. Además, RTVE emitía este jueves un documental, dirigido por Juanjo Castro, sobre las muertes en las residencias madrileñas durante la pandemia, bajo el título 7291. El Gobierno de Díaz Ayuso solicitó que junto a la pieza se incluyese un vídeo de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el que ofrecía su versión sobre la gestión de la COVID-19.
La polémica del número
En la previa al quinto aniversario de la pandemia, se ha incidido sobre la cifra real de fallecidos en los centros geriátricos públicos y privados de la Comunidad de Madrid. La controversia política ha puesto sobre la mesa tres datos diferentes, que han entrado en colisión y que atienden a criterios de cuantificación distintos.
Juanjo Castro en su documental y Ramón Mateos en su obra de arte reivindican el número 7.291, que sería el de ancianos residentes fallecidos en estos centros entre los meses de marzo y abril de 2020. Esta cifra procedería del medio digital Infolibre, que el 29 de julio de 2020 publicó que, a través de Transparencia, la Comunidad de Madrid les había facilitado esta cifra. Aquí se incluirían las muertes por coronavirus, pero también las personas que fallecieron por otras patologías durante este período en las residencias madrileñas. La cifra es muy similar a los 7.269 que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El Gobierno madrileño, sin embargo, ahora niega estos datos y señala que fueron 4.143 los fallecidos en residencias sociosanitarias entre enero y junio de 2020 con COVID o síntomas compatibles. Para realizar esta afirmación, toman como fuente las estadísticas que el INE confeccionó a partir de los certificados médicos de defunción, teniendo en cuenta los confirmados y los sospechosos de portar el virus. En este caso, por tanto, no se contemplan otras causas.
Sin embargo, antes de que entrase en juego la polémica por las cifras de la pandemia, era otra la oficial de los residentes fallecidos: 6.937 entre el 14 de marzo de 2020 y el 29 de enero de 2023 en los centros residenciales para mayores en la Comunidad de Madrid con COVID confirmado o síntomas compatibles. Esta está basado en la recopilación y seguimiento del Imserso, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, y tuvo en cuenta los datos aportados por las distintas comunidades autónomas.
Esta polémica, que corresponde a la comparación de cifras que se han contabilizado en base a metodologías diferentes (por ejemplo, el periodo o la causa de la defunción), ha tenido como principal objetivo señalar a los culpables de la gestión de la pandemia en las residencias de la comunidad. Y, pese a que conocer el número real resulta de especial importancia para visibilizar el dolor de miles de familias españolas, existe el peligro de reducir a tantas víctimas precisamente a eso, a una cifra que utilizar como argumento político.
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