Un hombre compra una casa en Girona, tres personas la ‘okupan’, consigue entrar pero la Policía le aconseja irse: ahora la Justicia le permite recuperar la vivienda

La reforma de las leyes para desalojar viviendas ocupadas ha vuelto al centro del debate público. Jordi, un ciudadano de Girona, adquirió una vivienda el año pasado con la intención de realizar reformas antes de mudarse. Mientras su casa se encontraba cerrada, el hombre fue alertado por sus vecinos sobre ruidos provenientes del interior de la propiedad. Al acudir al lugar, descubrió que tres hombres habían ocupado su casa.

Según una información del diario L’Indépendant, los ocupantes trataron de demostrar a la policía un video grabado quince días antes, en el que se les veía cocinando y durmiendo en la vivienda. Este material fue suficiente para que las autoridades determinaran que los ocupantes tenían prioridad sobre el propietario.

A pesar de ser el legítimo dueño, Jordi fue obligado a abandonar la propiedad bajo la advertencia de que podría ser arrestado si no cumplía con la orden. Esta decisión inicial de las autoridades generó frustración y un sentimiento de impotencia en el propietario, quien decidió tomar la justicia por su cuenta.

Jordi optó por ingresar nuevamente en su vivienda en ausencia de los ocupantes, con la intención de “ocupar a los ocupantes”. Sin embargo, según otra información del medio catalán 324.cat, esta maniobra tampoco fue respaldada por las autoridades. De hecho, la policía le aconsejó “abandonar la casa” una vez más, dejando al hombre en una situación de incertidumbre y sin una solución inmediata.

Ante la falta de alternativas, Jordi decidió hacer pública su situación a través de las redes sociales. Su caso comenzó a ganar notoriedad, lo que generó una ola de apoyo popular y atrajo la atención de los medios de comunicación.

El caso escaló hasta el punto de involucrar al alcalde de Girona, Lluc Salellas, quien, según consignó el medio catalán, defendió que la actuación policial “se ajustó al protocolo vigente”. Sin embargo, el alcalde también admitió la necesidad de realizar cambios legislativos para proteger a los pequeños propietarios en situaciones similares. Además, ofreció apoyo jurídico y policial a la familia afectada. No obstante, la presión mediática y social resultó ser un factor clave para acelerar el proceso judicial.

De hecho, la Justicia tomó finalmente cartas en el asunto en un tiempo récord. Este miércoles Jordi finalmente pudo recuperar su vivienda, poniendo fin a semanas de incertidumbre y tensión.

La resolución de este caso coincidió con un anuncio de los magistrados de la Audiencia de Girona, quienes han acordado unificar criterios para abordar los desalojos de viviendas recién ocupadas. Este acuerdo busca establecer directrices claras para que los juzgados, los propietarios y las fuerzas policiales actúen de manera coordinada y eficiente en situaciones similares.

Entre los puntos destacados del acuerdo, se contempla la necesidad de tramitar los procedimientos relacionados con delitos de usurpación de forma más ágil, con el objetivo de evitar que los conflictos se prolonguen innecesariamente.