La jueza a cargo de descubrir qué ocurrió durante la Dana y castigar a aquellos que no procedieron según debían durante la crisis ha vuelto a solicitar a la Generalitat Valenciana que responda quién decidió enviar el SMS que alertó de la subida del agua.
Según detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha dado un plazo “improrrogable” de cinco días a la Generalitat.
La magistrada quiere saber quién fue el funcionario que estuvo encargado de tomar la decisión de enviar el SMS de alerta por la Dana a la población el pasado 29 de octubre.
Muchas víctimas de la tercera edad se encontraban en las plantas bajas de sus domicilios y murieron en ellos, recuerda la juez, mientras que otras circulaban por las calles o bajaban a sacar vehículos de sus garajes cuando el mensaje de alerta donde se instaba a evitar desplazamientos se envió a los teléfonos móviles a las 20:11.
La juez incide en que en la documentación remitida por la Conselleria de Interior y Emergencias de la Generalitat no se responde a la petición de información sobre qué persona tomó la decisión, por lo que vuelve a requerir a la Administración autonómica para que lo comunique “en el improrrogable plazo de cinco días”.
Otros requerimientos
Además, también ha emitido otros requerimientos como los datos relativos al caudal del barranco de poyo a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
“Se constata un desconocimiento por las víctimas de la situación de altísimo riesgo en la que se encontraban por el desbordamiento de la Rambla del Poyo, así como del Barranco de l’Horteta”, lee el comunicado.
En ese sentido, el auto señala que existe un intervalo de tiempo sin mensajes sobre el caudal de la Rambla del Poyo en las comunicaciones de la CHJ de esa tarde del 29 de octubre, en concreto entre un correo fechado a las 16:13 y otro a las 18:42.
La propia Confederación informó en una nota de prensa fechada el pasado 4 de febrero que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) funcionaba y transmitía datos actualizados cada cinco minutos, por lo que la juez requiere que la confederación facilite los datos.
El intervalo de tiempo que carece de información daña “la integridad” de los demás datos existentes sobre el caudal del barranco, explica la juez, que además añade que se necesita toda la información sobre “el medio de transmisión de la información.
Así, pregunta a la CHJ si el método consistía en la publicación en la página web de la confederación o si se usó algún otro modo de comunicación con los ciudadanos.
Por último, también ha acordado solicitar a diferentes medios de comunicación material videográfico sobre la crecida de esa rambla, y material cartográfico con las cotas a las que llegó el agua tras el desbordamiento del barranco del Poyo a un investigador e la Universidad Politécnica de Valencia.
El auto, que ha sido notificado ya a la Fiscalía y a las siete acusaciones particulares personadas hasta hoy en el procedimiento, puede ser recurrido en reforma o apelación.
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