Crisis interna en Jucil, la asociación mayoritaria de guardias civiles, por acusaciones de “irregularidades”: “No tenemos ningún miedo a la auditoría”

La asociación mayoritaria de Justicia de la Guardia Civil (Jucil) está afrontando un período de crisis en la que algunos representados han mostrado este lunes su disconformidad con su secretario general, Ernesto Vilariño, por supuestos gastos irregulares y la contratación de un bufete de abogados vinculado al PSOE.

Sin embargo, como representantes de comunicación de Jucil han declarado a Infobae España, “no es cierto que sean una veintena de personas las que hayan decidido enviar la carta” que esta mañana llegó a los usuarios de la asociación que estaban agrupados bajo la plataforma ‘Regeneremos Jucil’.

El documento en cuestión aseguraba que su comité ejecutivo nacional habría incurrido en “malas praxis” al contratar la agencia del exdiputado de Ciudadanos Pablo Yáñez para dirigir la comunicación interna de la asociación. Pero desde Jucil afirman que “estas alegaciones vienen de otra carta que se envió en diciembre, esta vez sí firmada por 20 personas, y se les convocó a una reunión con la que la gente quedó satisfecha”, confirman responsables de comunicación.

“La situación que vivimos actualmente es insostenible, requiere de una profunda regeneración y de medidas urgentes que garanticen la reputación y el buen nombre de nuestra organización”, se puede leer en dicha carta.

Jucil surgió de la plataforma Jusapol (Justicia Salarial Policial) que aglutinó en 2017 a policías y guardias civiles para reclamar la equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra en un panorama protagonizado por el desafío independentista y enfrentamiento contra el Gobierno. Un año después, surgió Jucil bajo el objetivo de “luchar por los derechos sociolaborales” de los guardias civiles y a día de hoy cuenta con más de 15.000 miembros.

“Son dos o tres que habían quedado desencantados con lo pactado” los que argumentaron que se había incumplido el código ético y de transparencia al contratar al bufete Sarabia y Asociados, que dirige el exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Santander Diego Sarabia, con el objetivo de “planear y presentar a espaldas” de Jupol y Jusapol una demanda en Bruselas para reclamar la equiparación salarial.

“Infiltrados” de Ciudadanos

La carta, que no tiene ninguna firma explícita, denuncia que se debe cuestionar la participación del exdiputado de Ciudadanos Miguel Ángel Gutiérrez en dos reuniones de la asociación, una oficial y otra extraoficial del secretario general, Ernesto Vilariño con el anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos.

“Un político que salió rebotado de Ciudadanos al descubrirse como muñidor de una operación para situar a la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente en la presidencia de Ciudadanos en esa región”, añade el escrito.

Además, a finales de noviembre dimitió el que fuera secretario de comunicación y portavoz ante los medios, Agustín Leal, que se desvinculó totalmente de la asociación porque no le “gustaba cómo hacían las cosas” y admitió que “hicieron algo que no me gustó”.

En la carta en la que anunciaba su renuncia el año pasado, Leal afirmaba que “la oscura mano de la política intenta controlar Jucil” y señalaba a exmiembros de Ciudadanos. Ahora, los autores de la carta a los asociados salen en su defensa: “No se merecía este desprecio”.

La respuesta de la dirección de Jucil

Por su parte, la dirección nacional de Jucil ha negado en otro comunicado compartido hoy y al que ha tenido acceso Infobae que haya irregularidades, y detallan que estas cuestiones fueron debatidas en una reunión informativa celebrada en 23 de diciembre, días antes a la asamblea extraordinaria prevista para el primer trimestre de este año.

“Esta misiva sólo busca desprestigiar la trayectoria de la asociación, cuyo único fin es proteger y defender los derechos de todo el cuerpo”, se puede leer en la carta de la asociación.

En el comunicado, difundido tras recibir la carta de los críticos, el comité ejecutivo tilda de “deslealtad” la difusión de la carta y critica que no se identifique a los firmantes.

Desde el ejecutivo, además, aprovechan para destacar la auditoría a la que se van a someter, “como explicamos en el Comité Nacional”, explicaron representantes de comunicación, que agregaron que “no tenemos ningún miedo porque somos transparentes”.