Sánchez acepta “tramitar” la cuestión de confianza que pide Junts para aprobar un nuevo decreto con medidas sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este martes desde la Moncloa para explicar los detalles del acuerdo alcanzado con Junts sobre el nuevo decreto ómnibus, aprobado en el Consejo de Ministros tras una negociación in extremis con los de Carles Puigdemont. En un nuevo giro de guion, el dirigente socialista se ha asegurado el apoyo de Junts en el Congreso a un nuevo decreto social a cambio de aceptar, entre otras cuestiones, que se “tramite” la propuesta del partido independentista que insta al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Esta premisa abre la posibilidad de que se debata este asunto en la Cámara Baja, pero no quiere decir que vaya a salir adelante.

En concreto, el partido posconvergente ha avanzado que el “acuerdo prevé la tramitación de la PNL sobre la cuestión de confianza pedida por Junts per Catalunya”, una propuesta que el PSOE quería vetar en la Mesa del Congreso al tildarla el Gobierno de “extemporánea”. De esta manera, los independentistas “levantan” la congelación de las negociaciones sectoriales con el PSOE.

Si bien, según ha explicado Sánchez, el PSOE ha aceptado que se tramite dicha iniciativa con la condición de que el texto reconozca “lo que dice la Constitución, que la competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae sobre el presidente del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros”. Más allá de lo que suceda con la proposición no de ley en la Cámara Baja, que no tiene rango de ley, Sánchez ha descartado la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza: “El Gobierno no ve necesidad de hacerlo”, ha rematado en rueda de prensa a preguntas de los periodistas.

El líder del Ejecutivo ha explicado que el acuerdo con el partido de Carles Puigdemont incluye “29 medidas” del escudo social y avales para “propietarios e inquilinos”. Ante la petición de Junts de “trocear” el decreto ómnibus para salvar algunas de las medidas que decayeron la semana pasada, Sánchez ha señalado que la nueva norma incluye la “práctica totalidad” de las iniciativas recogidas en el anterior real decreto-ley, como la revalorización de las pensiones, la subida de las pensiones mínimas, las ayudas a los afectados por la DANA y el mantenimiento de las bonificaciones al transporte.

Lo que se queda fuera del decreto

Asimismo, a falta de especificar todas las medidas aprobadas este martes, Sánchez ha avanzado que el nuevo texto incluye una medida adicional que no figuraba en el anterior: la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos. Según Sánchez, el Gobierno ya está negociando con los grupos parlamentarios para que pueda ser aprobada “en cuestión de semanas”. Asimismo, ha invitado al PP “a votar a favor de estas medidas que gozan de un apoyo abrumador de la sociedad española” y ha pedido a quien no las apoye que, “para justificar su rechazo, no utilice bulos, mentiras, o fake news, sino argumentos”.

Fuentes de Junts han informado de que la aprobación del nuevo texto contempla “medidas para combatir las ocupaciones delincuenciales”. A este respecto, han agregado estas voces, “se prevén medidas para proteger a las familias vulnerables, así como medidas para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por los ocupas o por los morosos en las viviendas”.

Por otro lado, los independentistas han detallado que se queda fuera del decreto, entre otras, “todas las medidas tributarias (que se negociarán más adelante), las medidas relativas a las ayudas a empresas electrointensivas, las medidas para suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos, las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente, o la perpetuación de unos anticipos por la financiación autonómica sin pactar una redistribución distinta de los objetivos de déficit y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico de Cataluña. Tampoco se incluye la modificación de la ley de la sociedad de la información o servicio postal, que suponían la vulneración de las competencias de Cataluña”.