El Gobierno se la juega con la vivienda, la materia central de la legislatura. Tras varios pasos en falso o que no han servido para aliviar el coste del acceso, Pedro Sánchez se ha propuesto cumplir el mandato constitucional, pero sobre todo con cientos de miles de jóvenes atrapados en un alquiler o en casa de sus padres y que ven en este problema el germen de muchos otros, partiendo por la ausencia de libertad una vez se forman y ejercen empleos que debieran derivar en el desarrollo de una vida digna. Con una derecha al alza y una izquierda a su izquierda en caída, el PSOE está obligado a acertar para tener la opción de resistir.
El PP se movió este domingo, anunciando una serie de medidas cosméticas a aplicar en las comunidades autónomas en las que gobierna. La más relevante de ellas, la reducción del 10 al 4% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a menores de 40 años, nueva edad límite, y esta es otra de las propuestas, para optar a avales hipotecarios que cubran el 100% del precio de la primera vivienda. El partido de Alberto Núñez Feijóo promete asimismo el desbloqueo de ley antiokupas, la derogación de la actual ley de vivienda, la disminución de la burocracia en la tramitación urbanística o movilizar suelo público.
El presidente ha clausurado este lunes unas jornadas organizadas por el Ministerio de Vivienda. Las había inaugurado la ministra al cargo, Isabel Rodríguez. En la prensa -lo ha publicado Cinco Días-, una noticia para la esperanza de tanta gente desesperada: grandes fondos como Blackstone, Vivenio y Cerberus están vendiendo centenares de inmuebles en Cataluña, que abandonan por el tope al alquiler. Pondrán el foco en las regiones “que mantienen el libre mercado”, con Madrid como paradigma. La regulación funcionaría, pero la mayor parte del territorio es azul y contario a aplicarla. Es más, como ya se ha mencionado, quiere desbaratarla.

Los anuncios del Gobierno
En su comparecencia, el presidente, que ha prometido “dejarse la piel” para llevarla hasta las últimas consecuencias, ha concretado la nueva batería de medidas a fin de facilitar la compra o el alquiler de una vivienda. Son las siguientes:
Aumento de la oferta de viviendas
- Asignación de suelo para vivienda pública: se destinarán 2 millones de metros cuadrados para la construcción de viviendas protegidas, con el objetivo de incrementar el parque público de vivienda.
- Incorporación de viviendas de la Sareb: La nueva empresa pública de vivienda integrará más de 30.000 viviendas procedentes de la Sareb, reforzando así la disponibilidad de viviendas sociales.
- Prioridad en la adquisición de viviendas y suelos: se establecerá un mecanismo legal que otorgue prioridad a la empresa pública de vivienda en la compra de inmuebles y terrenos, asegurando que las viviendas públicas mantengan su titularidad de forma permanente.

Mejora de la regulación:
- Reforma de la Ley del Suelo: Se impulsará la modificación de la normativa actual para facilitar la construcción de viviendas y combatir la especulación inmobiliaria.
- Nuevo PERTE para el sector de la construcción: se lanzará un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) enfocado en modernizar e industrializar el sector de la construcción, permitiendo una edificación más ágil y eficiente. Este PERTE se ubicará en Valencia para contribuir a la reconstrucción de áreas afectadas por la DANA.
- Limitación de la compra de viviendas por extranjeros no residentes: Se establecerán restricciones para la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros no residentes, con el fin de evitar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda para los residentes en España.
- Regulación de los alquileres de temporada: Se endurecerán las normativas para perseguir el fraude en los alquileres de temporada, asegurando que se cumplan las leyes y se proteja tanto a propietarios como a inquilinos.
Mayores ayudas:
- Sistema de garantías públicas: se creará un sistema de avales públicos que proporcionará seguridad tanto a propietarios como a inquilinos, facilitando el alquiler de viviendas sin asumir riesgos indebidos. Este modelo ha demostrado ser efectivo en países como Francia.
- Programa de rehabilitación de viviendas vacías: se implementará un plan para la rehabilitación de viviendas desocupadas, destinándolas al alquiler asequible durante un mínimo de cinco años, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas disponibles.
- Incentivos fiscales para alquileres asequibles: se aprobará una exención fiscal del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que alquilen sus viviendas conforme al índice de referencia, fomentando así el alquiler a precios razonables.
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