
La Fiscalía ha acusado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de hacer “inferencias” que corresponden a un juez y no a un policía en el primer informe aportado a la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por el Tribunal Supremo.
Este lunes se ha hecho público un informe de la UCO que atribuye una “participación preeminente” del fiscal general del Estado en la filtración de los correos que denunció Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre su pacto por fraude fiscal con la Fiscalía.
Se trata de una de las principales conclusiones que recoge el documento sobre el material incautado en el despacho de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al que ha tenido acceso EFE, una vez que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha alzado el secreto del sumario de dicho informe.
Otros tenían también la denuncia
Fuentes fiscales afirman a EFE que “el informe no aporta ninguna prueba” y que “hace inferencias”, y eso, consideran, “es una labor judicial, no de la policía”. El informe, además, apunta a una “primera filtración” a la prensa el día 12 de marzo en elDiario.es, “supuestamente realizada por la Fiscalía General”, que “desvela que existe una investigación” por un presunto delito fiscal hasta el punto de sostener que “la prensa disponía de la denuncia contra González Amador antes que el propio interesado”.
Pero las fuentes consultadas destacan que el informe “se olvida de que la denuncia la tenía el decanato de Plaza de Castilla, Hacienda y la Fiscalía Superior de Madrid”. En este sentido, sí que quieren dejar claro que “dar una denuncia no es delito” porque “si es una causa relevante con interés informativo, se hace pública la información”.
En cuanto a los correos, aseguran que se olvida de la publicación de la Sexta, que es anterior a la de la Cadena SER, y de “la obligación legal de los fiscales de dar cuenta a los superiores de los asuntos importantes”.
El Gobierno también defiende al fiscal
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que el Gobierno tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de la polémica en torno al presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha defendido al fiscal general del Estado al estimar que solo aclaró el “bulo que había distribuido” el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Torres se ha manifestado así en rueda de prensa tras el encuentro mantenido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo. “El fiscal general del Estado lo que hizo fue aclarar que eso (que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Díaz Ayuso) era una noticia falsa, desmentir el bulo, y decir la verdad”, ha dicho Torres en rueda de prensa en la Moncloa.
Lobato y el acta notarial
Preguntado también sobre si Moncloa hizo llegar al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, una foto del correo electrónico con las conversaciones entre el abogado de González Amador y la Fiscalía, se ha limitado a señalar que en el Gobierno se enteraron “a través de la prensa”.
“Para que la gente se ubique y tenga bien claro lo que ha ocurrido fue que el director del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid distribuyó una información que era objetivamente falsa relativa al procedimiento judicial que se seguía contra su pareja y el fiscal general del Estado lo que hizo no fue otra cosa que aclarar que eso era una noticia falsa”, ha señalado.
Cuestionado sobre si creen que Juan Lobato no confía en el Gobierno -después de conocerse que registró ante notario la conversación “privada” que mantuvo con la jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, sobre el citado presunto fraude fiscal de González Amador- ha agregado: “Eso lo tendrá que responder la persona que usted menciona”.
* Con información de AGENCIA EFE
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