La Junta de Fiscales de la sección penal del Tribunal Supremo (TS) ha decidido tumbar el informe que presentó el ponente Álvaro Redondo, rechazando que el TS investigara al expresident catalán Carles Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en la causa de Tsunami Democràtic. Los disturbios se remontan al año 2019, cuando la plataforma organizó una cascada de protestas en la comunidad tras la sentencia del procès. Redondo considera que no existen indicios de terrorismo para juzgar al líder de Junts per Catalunya —como propone el juez García Castellón—, pero 12 de los 15 fiscales que componen la Junta discrepan con su criterio.
El órgano ha rechazado por mayoría el informe presentado por el Fiscal ponente tras una reunión que ha comenzado sobre las 10.00 de la mañana y ha durado varias horas. Álvaro Redondo proponía no imputar al expresident Carles Puigdemont y descartaba cualquier posible indicio de terrorismo. En vista de las discrepancias que existen entre los dos fiscales jefes de la Junta y siguiendo el criterio de los cuatro fiscales jefe de lo penal, la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, será la encargada de redactar el informe final.
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La Fiscalía del Supremo se alinea de esta forma con el juez instructor de Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón. El magistrado presentó una exposición razonada de más de 100 páginas ante el alto tribunal para investigar por terrorismo tanto a Carles Puigdemont como al diputado del Parlament, Rubén Wagensberg —ambos aforados—, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otras personas. Este cambio de criterio choca con la tesis manifestada por el fiscal del caso en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo. La noticia llega precisamente mientras el PSOE y Junts negocian contrarreloj para sacar adelante el texto de la ley de amnistía.
Álvaro Redondo, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, sostiene que “no concurre el tipo penal de terrorismo” en la causa de Tsunami Democràtic. La mayoría de fiscales de la Junta, en cambio, han asumido la tesis del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que insiste en atribuirle al expresident la planificación de los actos de protesta que poblaron las calles de Barcelona tras la sentencia del procés. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, puede intervenir para unificar el criterio durante la redacción del informe definitivo.
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La imputación del expresident catalán por un presunto delito de terrorismo es determinante en estos momentos para la negociación del texto de la amnistía. El rechazo de la propuesta que presentó Álvaro Redondo supone que haya que redactar un nuevo informe, que ha sido asumido por la número dos de la Fiscalía General. El informe definitivo de la Fiscalía tendrá que pasar luego por la Sala de lo Penal del alto tribunal, donde el magistrado Juan Ramón Berdugo estudiará el asunto para después argumentar ante los demás magistrados si es procedente dar curso a la exposición razonada que firmó el juez García Castellón.
El supuesto cambio de criterio de Álvaro Redondo
La Junta de Fiscales de este martes ha tenido lugar poco después de la filtración de un primer borrador firmado por el fiscal Álvaro Redondo, que ahora defiende la falta de indicios para investigar al expresident. En este primer informe, Redondo consideraba que los actos de Tsunami Democràtic podían tratarse como delitos de terrorismo y era partidario de que la Sala Segunda del Supremo investigara a Carles Puigdemont, como pide Manuel García Castellón. La prensa ha especulado con la posibilidad de que el borrador fuese modificado después de una reunión con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero los dos implicados han desmentido cualquier tipo de influencia.
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