El drama empresarial de Cataluña: concentra el 30% de las quiebras que se han producido en 2023

Tras el procés, el tejido empresarial catalán sufrió un duro golpe. A la fuga masiva de compañías -que ahora los partidos independentistas quieren recuperar- se han sumado circunstancias económicas que han hecho mella en la viabilidad de muchos negocios a nivel nacional. Una situación que se acentúa en Cataluña, que concentra el 30% del total de las quiebras que se han ejecutado en toda España durante el pasado año.

Primero el 1-O. Posteriormente, la crisis sanitaria del coronavirus. Después, las restricciones derivadas de la pandemia. Y por último, el alza de costes derivada de la guerra en Ucrania. Lo cierto es que las empresas han acumulado una consecución de “catastróficas desdichas” que durante varios años provocaron una oleada de cierres y concursos de acreedores, consolidando a España como el país con más quiebras de la Unión Europea.

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Casi cuatro años después del estallido del Covid-19 que frenó en seco la actividad económica, el tejido empresarial ha conseguido frenar en cierta medida la sangría de compañías que se estaba produciendo. En concreto, a lo largo del pasado ejercicio, 6.506 compañías han entrado en concurso de acreedores, lo que supone un 10% menos que en 2022, cuando echaron el cierre más de 7.200. De todas las compañías que quebrado, el 30%, es decir, 1.916 se encontraban en Cataluña, según los datos de Informa D&B. Con esta cifras, Cataluña se posiciona como la comunidad con más cierres, superando los registrados en 2022 -cuando entraron en concurso de acreedores 1.834 compañías de la región-.

Así, la situación empresarial en Cataluña sigue mostrando signos de debilidad. Por este motivo, Junts y ERC han exigido al Gobierno -en el marco de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez- que se fomente el retorno de las grandes compañías que salieron de la región por la inestabilidad política que se produjo en 2017. El temor a que Carles Puigdemont declarase la independencia -que hizo efectiva el 27 de octubre de ese año y posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional- provocó la fuga de más de 3.000 empresas en apenas dos meses, un goteo que no ha cesado en los últimos años.

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En total, más de 8.000 empresas han abandonado Cataluña desde el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, un hecho que ha desencadenado importantes consecuencias económicas para la región. El éxodo empresarial comenzó incluso antes del mencionado referéndum. En el año previo a la consulta, el número de empresas que decidieron abandonar tierras catalanas ascendió a 275 empresas.

Durante 2017, 1.863 empresas trasladaron su sede fuera de Cataluña, mientras que solo 546 optaron por establecerse en la región, resultando en un balance negativo de 1.317 empresas. En total, los datos recabados por Informa D&B indican que en los últimos seis años, se han marchado más de 8.000 empresas cuyas ventas sumaban más de 56.000 millones de euros.

El Banco Sabadell desencadenó la salida masiva de empresas el 5 de octubre con el traslado de su sede social a Alicante, que poco después fue seguido por Caixabank, que se aprovechó del decreto ley aprobado por el Gobierno para facilitar la operación sin pasar por junta de accionistas y cambió Barcelona por Valencia. También dieron el paso Gas Natural Fenosa -ahora llamada Naturgy-, la Fundación Bancaria La Caixa, Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams, VidaCaixa, Indukern, Planeta, Hotusa, Codorníu, Idilia Foods o Cementos Molins.

¿Sanciones a las empresas?

Que la legislatura iba a estar plagada de incertidumbre y complicaciones era algo que se preveía desde el primer momento. Y la primera votación en el Congreso de los Diputados ha constatado esta realidad. Junts per Cataluña sabía que la aprobación de los primeros decretos del nuevo Ejecutivo era el momento perfecto para negociar. Así, la abstención que ha favorecido que salgan adelante estas medidas incluye ciertas concesiones, entre las que se encuentra el retorno de las empresas que salieron de Cataluña hace ya más de un lustro.

Concretamente, el acuerdo de la formación con el PSOE incluye también la promesa de reformar la ley de sociedades de capital para revertir el real decreto del PP en 2017 con el fin de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña por el procés. Un pacto que llega después de que desde la formación catalana contemplase esta misma semana la posibilidad de “sancionar” a aquellas empresas que no volviesen.

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Sin embargo, el Gobierno se aleja cada vez más de la teoría de multar compañías. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que el derecho comunitario de las empresas a su libre instalación “es muy claro” y que el Gobierno de España “no puede poner ningún tipo de traba a que las empresas se instalen donde consideren conveniente”. Lo que hace el acuerdo con Junts, ha explicado Montero, es “reforzar la legalidad vigente” para que “no se produzcan ingenierías fiscales”, de modo que las empresas no puedan situar su domicilio social en un sitio distinto al declarado para su actividad principal.

En esta misma línea, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que es “imposible” sancionar a las empresas que no quieran volver a Cataluña como ha planteado Junts. En España hay libertad de mercado y “cada empresa puede decidir dónde se instala, faltaría más”, ha expresado.

No obstante, Alegría ha defendido que los gobiernos, dentro de sus competencias, “puedan legislar o hacer planteamientos para evitar a veces cierta ingeniería desde el punto de vista fiscal”, pero “desde el respeto a la libertad de mercado que cada empresa tiene para poderse instalar” en el lugar que quiera. “Me parece lógico que una empresa donde tiene domiciliado, donde tiene radicado su domicilio social, parece consecuente y responsable que sea allí también donde esté instalada, donde pague sus impuestos y donde desarrolle toda su actividad”, para garantizar seguridad jurídica, ha indicado.