Las Pruebas de Desempeño para los funcionarios que contempla la futura ley de Función Pública

El 16 de marzo de 2023, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros extraordinario el nuevo proyecto de ley de Función Pública, que llega después de 16 años el Estatuto Básico del Empleado Público. Sin embargo, aún no se aplica y sufrirá modificaciones, ya que se encuentra en la fase de proyecto de ley y no ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Este texto incorpora una novedad: la evaluación del desempeño de los funcionarios, pero ¿en qué consiste esta evaluación?

El objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez con esta nueva medida es “configurar un nuevo modelo de empleo público, fuerte, profesionalizado y necesariamente orientado a la ciudadanía”, de manera que estas pruebas servirán para fomentar la formación continua y aumentar la calidad de los servicios que presentan. En un primer lugar, el anteproyecto contemplaba la degradación o el despido para aquellos que no superasen las pruebas, pero ante las protestas de Comisiones Obreras y UGT se eliminaros estos efectos negativos, de manera que se utilizará como una medida de incentivo y de extensión de mejoras para los funcionarios en materia de promoción interna y de retribuciones. Es decir, ahora se enfoca como un sistema de reconocimiento de los buenos resultados.

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Otro de los objetivos es la valoración periódica de la conducta y los logros de los empleados públicos. En el proyecto de ley, se indica que los sistemas de evaluación se adecuarán a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. Para llevarlos a cabo, se crearán comisiones de seguimiento para poner sobre la mesa esos criterios, además, contarán con la participación de organizaciones sindicales.

Estas evaluaciones, que ya se realizan en Galicia, Extremadura o Castilla-La Mancha, tendrán en cuenta tanto los objetivos individuales como los colectivos. La participación en los procedimientos de evaluación será obligatoria para todo el personal público que se encuentre en situación de servicio activo.

Otro aspecto importante es que el proyecto de ley no reconoce un modelo unívoco de evaluación del desempeño que sirva para todos los departamentos ministeriales y organismos públicos, pero sí determina unos principios y criterios orientadores que deben presidir todo modelo de evaluación, donde destacan la mejora continua y la revisión y seguimiento periódico de los objetivos de este modelo a través de un órgano colegiado creado al efecto que es la Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño.

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Las consecuencias positivas que contempla el proyecto de ley se centran el las siguientes materias:

• Percepción de retribuciones complementarias de carácter variable, en los términos previstos en esta ley o en el convenio colectivo de aplicación.
• Progresión en la carrera profesional.
• Criterios para la provisión de puestos de trabajo.
• Continuidad en el puesto de trabajo.
• Valoración de las necesidades formativas, incluyendo aquéllas que hayan de ser ofertadas a las empleadas y empleados públicos con carácter obligatorio, e incentivando la participación en acciones formativas voluntarias.