Fedea arremete contra los impuestos a banca y energéticas: “Son multas a sectores que le resultan antipáticos a los socios de Gobierno”

El impuesto extraordinario al sector bancario y a las energéticas sigue sin estar exento de polémica. Antes de la formación del nuevo Gobierno, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, abogaba por hacer permanente este gravamen, algo que revolvió a empresas como Repsol o Petronor, que comenzaron a plantearse recortar inversiones en nuestro país. Ahora, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) se ha mostrado tajante con la naturaleza de este impuesto, que ha definido como una “multa a sectores que le resultan antipáticos a los socios de Gobierno”.

“Llama la atención, en particular, la decisión de convertir en permanentes los gravámenes sobre la banca y las energéticas, que se habían justificado apelando a la existencia de beneficios extraordinarios. Su conversión en exacciones permanentes supone admitir que estamos en realidad ante multas a sectores que le resultan antipáticos a los socios de Gobierno, en vez de ante impuestos en el sentido habitual del término, pues estos deberían gravar la capacidad económica de acuerdo con reglas uniformes para todos” afirma en un artículo el economista Ángel de la Fuente.

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El economista, no sólo se ha pronunciado sobre impuesto que grava los beneficios extraordinarios de estos sectores, también ha arremetido contra otras acciones que ha prometido el Ejecutivo de cara a alcanzar los acuerdos para lograr la investidura. A su juicio, parte de “un sorprendente diagnóstico común que supone aceptar, en buena medida, las tesis nacionalistas sobre las supuestas deficiencias y abusos del sistema actual”.

Aunque ve improbable que culmine en un pacto “con las reivindicaciones de máximos de los nacionalistas”, no descarta “concesiones significativas”. Entre ellas, un estatus especial para Cataluña, tanto en las negociaciones sobre la reforma de la financiación como en su posición en el nuevo modelo, que se traduciría en “una menor aportación de la comunidad a la caja común” y, por tanto, “en una financiación privilegiada”.

Ello llevaría a una “deriva confederal” que iría reduciendo gradualmente los márgenes para la nivelación interterritorial, comportando un “gradual debilitamiento del Estado, que podría llegar a privarse de los recursos y herramientas necesarios para ejercer sus funciones básicas”. Respecto al acuerdo de gobierno del PSOE con la formación encabezada por Yolanda Díaz, Fedea alerta de que conllevará un “significativo incremento del gasto público y de la presión fiscal” debido a los planes para mejorar numerosas prestaciones sociales e incrementar el gasto público en sanidad, educación, vivienda y otras áreas.

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“Algunas de las medidas anunciadas”, añade, “tanto de ingreso como de gasto, plantean serias dudas y parece improbable que todo lo propuesto pueda hacerse sin desequilibrar aún más las cuentas públicas (...) o sin fuertes subidas de impuestos para todos y no sólo ‘los ricos’”.

También se ha referido a las medidas de ámbito laboral, como la reducción de la jornada de trabajo sin ajustar proporcionalmente los salarios, la subida del SMI hasta el 60% del salario medio y el endurecimiento de las condiciones de despido y descuelgue. Estas actuaciones, avisa, tienden a aumentar los costes unitarios de las compañías y a reducir su flexibilidad interna, “comprometiendo la competitividad de las empresas y su capacidad de adaptación ante shocks adversos, con efectos negativos sobre el empleo”.