La Fiscalía pide tres años de cárcel para Bárbara Rey por un supuesto delito de alzamiento de bienes

Bárbara Rey y sus hijos, Sofía y Ángel Cristo Jr., fruto de su relación con el domador Ángel Cristo, se enfrentan este lunes 19 de junio a uno de los momentos más complicados de su vida. Los tres deberán personarse en la Audiencia Nacional de Madrid para ser juzgados por un presunto delito de alzamiento de bienes. Tal y como se ha conocido a través de la agencia Europa Press, la Fiscalía solicita tres años de cárcel para la que fuera amante del rey Juan Carlos en relación a varias operaciones financieras llevadas a cabo para provocar “una situación de indefensión económica” por la cual aseguró que no podía satisfacer el dinero que le reclamaba la Agencia Tributaria y que asciende a 143.902,24 euros.

Sus dos hijos, por su parte, se enfrentan a una condena de dos años y seis meses de cárcel por haber cometido presuntamente el mismo delito que su madre, y se sentarán con ella en el banquillo de los acusados el próximo lunes en la Audiencia Provincial.

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Aunque la fecha del juicio se ha conocido ahora, lo cierto es que no se trata de una acusación nueva, pues el escrito data del 10 de mayo de 2011, fecha en la que la Agencia Tributaria comenzó una inspección a la exvedette por el Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) de los años fiscales comprendidos entre 2006 y 2008. Un año después de empezar la investigación, el 16 de noviembre del 2012, se dictaron sendas actas por el IRPF, la primera del año 2006 y la segunda, correspondiente al año 2007/08, por importes de 135.031.21 euros y 131.568,98 euros, respectivamente.

Las actas fueron notificadas a Bárbara Rey el 12 de febrero del 2013 y, aunque tenía un periodo de plazo de ingreso voluntario válido hasta el 20 de marzo de ese mismo año, no realizó el pago. Por eso el 18 de julio se dictaron acuerdos de imposición de sanciones en ambos expedientes, por importes de 51.496,62 euros y 60.675.47 euros, igualmente notificados a Bárbara en fecha 8 de agosto de 2013.

A sabiendas de que habían dado comienzo las labores de investigación de la AEAT, la actriz, “con ánimo de eludir dicha responsabilidad de pago y frustrar las legítimas expectativas de cobro de la AEAT”, se puso en contacto con varios familiares para actuar en “connivencia” a fin de llevar cabo la realización de ciertos actos de disposición patrimonial “que tenían como objetivo la finalidad de generar la quiebra de las deudas contraídas , haciendo imposible el cobro de los mismos por sus legítimos titulares”.

La Fiscalía detalla un total de trece operaciones en las que tomaron parte sus dos hijos, además de su hermana y otras personas. La finalidad fue siempre la misma, provocar una situación de indefensión económica por parte de la acusada “que imposibilitara satisfacer los créditos reclamados por la AEAT, al no ser habido bienes bastantes a tal fin por la situación de insolvencia creada por los acusados”. Con el paso de los meses la deuda fue creciendo y a fecha de 19 de diciembre del 2017 existía un saldo pendiente de ingreso de 143.902,24 euros.

De momento, ni Bárbara Rey ni sus hijos se han pronunciado públicamente, algo que no sorprende teniendo en cuenta que durante todos estos años han optado por mantener este asunto legal en el más absoluto secreto.

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