El legado de Irene Montero y un Ministerio que abrió las grandes alamedas

Iniciar una carrera política supone una cuenta atrás hacia el abismo, hasta la quemazón pública. El político, casi por definición, no sobrevive a la exposición diaria, e incluso aquellos que fueron líderes de masas terminaron como caricaturas agotadas. Es ley de vida y parte del juego, que esta vez ha tocado a Irene Montero, después de ser vetada en las negociaciones para la confluencia con Sumar.

Pero el aspecto importante no es si la estatua queda en pie y brillante o es derrocada a pedradas. El remanente político, el legado y el impacto son la vara de medir y dan el acceso a la posteridad, un lugar donde muchas voces sitúan al Ministerio de Igualdad de Montero.

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Tras las próximas elecciones generales del 23 de julio, la victoria de Alberto Núñez Feijóo traería consigo la desaparición del Ministerio de Igualdad, socialmente ligado a las conquistas progresistas de Unidas Podemos. El destino de esta cartera con una victoria de PSOE o de Sumar es una incógnita, aunque por trayectoria y políticas a implementar, hay más visos que una cartera feminista tenga espacio en un futuro Consejo de Ministros.

La crispación mediática y la oposición de la derecha a las propuestas y leyes de este ministerio han servido en múltiples ocasiones como validación a los avances, aunque durante la legislatura hubo una inesperada fractura en el seno feminista, donde la corriente clásica se desligó de Irene Montero y su equipo tras poner sobre la mesa la ley trans para ampliar derechos a un colectivo históricamente oprimido.

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La legislatura fue atravesada por la pandemia de la covid-19 y 2020 se convirtió en un año muy poco productivo para muchas carteras del Gobierno de coalición. Sin embargo, durante las semanas más complicadas en las que España vivía sin salir de sus casas, el Ministerio de Montero aprobó medidas extraordinarias de protección a las víctimas de toda forma de violencia machista, así como medidas de apoyo para trabajadoras del hogar. Por ejemplo, el teléfono 016 fue declarado servicio esencial y estuvo en marcha durante esas semanas de marzo y abril y Montero garantizó “alternativas habitacionales seguras para todas las víctimas de violencia de género, trata y explotación sexual en riesgo”, tal y como anunció ella misma.

En términos de financiación, la partida en políticas contra las violencias machistas alcanzó los 320 millones de euros. En total, la legislatura aumentó el presupuesto total en 392 millones respecto a 2019, aumento del 217% para pasar de 181 millones de euros a 573, según recuerdan desde el Ministerio.

Pero hubo mucho más. Durante 2022, el Ministerio de Igualdad y sus políticas feministas se colocaron en el centro de la agenda, aunque hayan tenido desenlaces dispares. La ley del solo sí es sí, que nacía como dinamizador y conquista social que garantizaba la libertad sexual de las mujeres. Entre otros avances, la norma obliga a las comunidades a contar con centros de atención 24 horas, garantiza a las víctimas ayuda psicológica y asistencia jurídica gratuita y apuesta por la especialización de los operadores jurídicos y de todos los profesionales que las atienden. Sin embargo, la ley terminó por encontrar oposición incluso en el propio PSOE tras descifrar una interpretación de la ley que permitía rebajar las penas de cárcel a muchos condenados por violencia machista. El punto final lo ofreció el Tribunal Supremo, que ha desoído la tesis de que rebajar las penas es una mala interpretación de la norma y ha avalado estas reducciones de condenas.

Pero esta norma ha elevado el nivel de protección de las mujeres hasta tal punto que ciertos casos de violencia que estaba normalizada hasta ahora ya no quedarán impunes. De hecho, durante estas semanas se supo que un hombre sería juzgado por acoso callejero tras masturbarse delante de unas mujeres.

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Otra medida implementada por el Ministerio fue una nueva regulación para la interrupción del embarazo. La nueva ley del aborto fue aprobada en el Pleno del Congreso el 15 de diciembre de 2022 y garantizaba el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años. Esta misma norma también recogía el derecho de las mujeres a solicitar una baja de un día por tener una menstruación que provoque fuertes dolores.

La ley trans ha terminado por ser una de las grandes banderas del Ministerio y parte de su legado indeleble. El reconocimiento de derechos a colectivos invisibilizados ha provocado que una pequeña parte del feminismo se distancie, pero equilibró una cuenta pendiente con el colectivo trans. La norma facilita los trámites para el cambio de sexo y amplía esta flexibilidad hasta la infancia. La autodeterminación de género es una de las grandes conquistas sociales que tras esta legislatura quedan plasmadas en ley. Feijóo ya ha amenazado con su derogación, así que el tiempo dirá si todo el esfuerzo por prosperar fue o no en vano.

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