Un total de 12,3 millones de personas, es decir, el 26% de la población española, se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, según el informe El Estado de la Pobreza en las Comunidades Autónomas relativo a 2022 que este lunes ha presentado la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Si bien se trata de una cifra que ha mejorado, pues hay 800.000 personas menos respecto a 2021, los datos evidencian una “amplia desigualdad social y económica” entre las diferentes comunidades autónomas.
“Hemos mejorado respecto al 2021, pero aún hay un importante trabajo por hacer, ya que existe una división de España en dos mitades norte-sur con realidades de vida muy diferentes”, ha destacado Juan Carlos Llano, responsable del área de investigación de la EAPN, en rueda de prensa. Aunque se constata un proceso de reducción de la desigualdad territorial desde 2016, “es todavía muy insuficiente”, según el informe, que indica que las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) y de Privación Material y Social Severa (PMSS) regionales más elevadas multiplican por 2,5 y por tres, respectivamente, a las más bajas.
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Así, para las regiones del sur del país la tasa AROPE –que incluyen a las personas en riesgo de pobreza, privación material y social severa o baja intensidad en el empleo– alcanza en 2022 al 33,1% de la población residente, uno 5,5 millones de personas, una cifra que se reduce casi al 20,5 % (6,8 millones de personas) para aquellas que viven en la mitad norte del país.
Respecto a la pobreza severa, es decir, las personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 6.725 euros por unidad de consumo al año (560 euros al mes), en 2022 había en España un total de 4,2 millones de personas, el 8,9 % de la población. Con respecto a las regiones, la tasa de pobreza severa disminuyó en el último año en la gran mayoría de las comunidades autónomas, excepto en Navarra, País Vasco y Castilla y León. A pesar de la mejora, en algunas regiones la tasa de pobreza severa afecta a más de una décima parte de su población: Andalucía (14,4%), Canarias (13,2%), Murcia (11,6%) y Extremadura (10,2%), según el informe.
La EAPN lamenta que pese a la “preocupante realidad” apenas se esté hablando de “los problemas reales de la población” en la actual campaña electoral , especialmente de las personas más vulnerables.
Privación Material y Social Severa
En cuanto a la situación de Privación Material y Social Severa, un indicador de vulnerabilidad grave que se construye a partir de varios elementos de consumo y de relación social, las comunidades autónomas registraron en 2022 una “disminución generalizada” respecto a 2021 entre la población, y únicamente cinco regiones han visto deteriorada su situación: Comunidad Foral de Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Andalucía. Sin embargo, pese a la mejora generalizada, se mantiene la constante norte-sur, “y se han incrementado algunos de los indicadores de PMSS, lo que refleja los efectos de la crisis inflacionaria”, añade el informe.
El más evidente corresponde a la pobreza energética: en 2022 un 17,1% de la población nacional no tuvo capacidad de mantener su vivienda con una temperatura adecuada, frente al 14,3% de 2021 y 10,9% en 2020. Todas las comunidades autónomas a excepción de Aragón, la Región de Murcia y La Rioja han empeorado su situación, siendo Extremadura y Andalucía las que presentan unas cifras mayores, con el 23,1% y el 21%, respectivamente.
Una tendencia similar se aprecia en el indicador de las personas que no pueden permitirse vacaciones al menos una semana al año. Pese a las mejoras de Andalucía, Canarias y la Región de Murcia, estas regiones tienen, junto con Extremadura, los mayores porcentajes: 45,4%, 40,2%, 42,3% y 42%.
“El Escudo Social funciona”
Desde la EAPN han puesto en valor las medidas del Escudo Social, impulsadas por el Gobierno, ya que “se han notado en todas las regiones y evidencian que la salida de las crisis por la vía de la garantía de derechos funciona, con una mayor inversión en políticas públicas y en protección social”, especialmente relevante si se compara la situación actual con lo sucedido tras la crisis de 2008.
“La manera de enfrentar la crisis ha cambiado. En el 2008 se puso el foco en controlar gasto y reducir la deuda y se aplicaron recortes, pero a raíz de esa experiencia, se entendió que la estrategia debía cambiar y se han puesto en marcha prestaciones como el ingreso mínimo vital”, ha recordado Llano ante la prensa.
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El informe también ha evaluado el valor de la tasa de riesgo de pobreza real y el que existiría en una sociedad sin acción del Estado, es decir, sin transferencias públicas a los hogares. Si no hubiera ninguna transferencia, ni las que corresponden a pensiones, según indican, “el 44,5% de la población española estaría riesgo de pobreza, unos 11,3 millones de personas pobres más de las que se registran en realidad”.
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