El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la flexibilización de la jubilación anticipada para los trabajadores con una discapacidad igual o superior al 45%, de manera que queda reducido de 15 a 5 años el periodo cotizado que se les exige. También se amplían las opciones para aquellas personas que quieran prolongar voluntariamente su vida laboral, mediante una fórmula mixta que permite combinar los dos tipos de incentivos vigentes: la posibilidad de percibir un pago único y un incremento de su pensión.
El anuncio de estas medidas lo realizó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de campaña en Vitoria, donde recordó que ambas iniciativas “responden a las recomendaciones del Pacto de Toledo”.
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Asociaciones como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) consideran que se trata de una “medida positiva”, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que tiene el colectivo para encontrar un empleo.
“Que puedan solicitar la jubilación anticipada a los 56 años es una buena noticia, porque muchas personas con discapacidad no alcanzaban la cotización de 15 años y, por tanto, se veían excluidas y ya no podían seguir trabajando”, indica a Infobae España el asesor jurídico de Cermi, Óscar Moral, quien recuerda que un 70% de las personas con discapacidad en España “ni trabaja ni encuentra empleo” y que su esperanza de vida es menor a la de la población general. “Ahora hay que esperar a que se publique en el BOE para leer la letra de la norma y ver su incidencia”, añade.
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Desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) también celebran las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros al considerarlas un “reconocimiento de derechos” que da respuesta a una “demanda histórica del movimiento asociativo de la discapacidad”.
“Supone un importante apoyo en la salud y bienestar de nuestro grupo social, proporciona seguridad financiera para mantener un nivel de vida adecuado ante el sobrecoste que supone tener una discapacidad y es una apuesta por la equidad para igualar nuestra transición hacia la jubilación respondiendo a necesidades reales”, ha dicho el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga.
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Ambas asociaciones recuerdan que el derecho a un empleo inclusivo y de calidad sigue siendo “uno de los derechos más vulnerados de las personas con discapacidad”.
El real decreto, añade Cocemfe, abre además la posibilidad de incluir nuevas patologías discapacitantes y actualizar de manera periódica este listado para “no dejar a nadie atrás”. En este sentido, Queiruga ha destacado la importancia de que se cuente con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y se trabaje de manera conjunta en la elaboración de este nuevo listado para que sus necesidades sean atendidas.
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