El futuro de miles de familias salvadoreñas en Estados Unidos vuelve a quedar atrapado entre decisiones administrativas pendientes y una promesa política que todavía debe superar varios obstáculos. El TPS sigue sin fecha definitiva y la incertidumbre de los salvadoreños llegó antes que el nuevo Congreso, que asumirá en enero de 2027 con mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador venció formalmente el 9 de septiembre de 2026. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó ese día que los salvadoreños amparados por el programa conservan protección contra la deportación y autorización de empleo hasta que exista un nuevo anuncio oficial.
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La falta de una resolución definitiva mantiene en un limbo migratorio a una comunidad que accedió al TPS tras los terremotos de 2001 y que, en muchos casos, ha vivido en Estados Unidos durante más de dos décadas. El programa permite trabajar y permanecer en el país durante su vigencia, pero no concede residencia permanente ni ciudadanía.
En ese escenario, Arnoldo Díaz, organizador regional de la Alianza Nacional TPS, sostuvo que el cambio político tras las elecciones legislativas abre una oportunidad para insistir con una salida migratoria duradera.
“No estamos pidiendo caridad, estamos pidiendo justicia para los tepesianos que llevaba aquí más de 20 años viviendo y trabajando en ese país”, afirmó Díaz, en radio YSUCA, al referirse a personas que trabajan, pagan impuestos y tienen hijos nacidos en Estados Unidos.
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La mayoría demócrata no asegura una ley migratoria
Los demócratas asumirán el control de ambas cámaras en el próximo Congreso, una configuración que les permitirá impulsar proyectos, abrir audiencias de supervisión sobre las operaciones migratorias y discutir cambios presupuestarios para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esa mayoría, sin embargo, no garantiza la aprobación de una residencia permanente para titulares del TPS. Una iniciativa debe ser aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado con el mismo texto. En la Cámara Baja alcanza una mayoría simple, pero el Senado suele requerir 60 votos para cerrar el debate ante un eventual bloqueo parlamentario.
El presidente Donald Trump mantiene la facultad de vetar cualquier ley que llegue a la Casa Blanca. Para dejar sin efecto ese veto, el Congreso necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, una cifra mucho más alta que la que requiere controlar el Legislativo.
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Díaz consideró que los nuevos legisladores deberán asumir compromisos concretos con las comunidades migrantes. “Vemos esperanza que en este nuevo congreso pueda darle seguridad definitiva a las familias”, dijo.
La Alianza Nacional TPS plantea retomar propuestas de residencia para beneficiarios del programa, jóvenes protegidos por Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y familias con estatus migratorio mixto. La organización también prevé reuniones con congresistas electos, sindicatos, iglesias, universidades y cámaras empresariales para instalar el tema en la agenda legislativa.
Las cartas del Seguro profundizaron la incertidumbre
La falta de una decisión oficial ya tuvo consecuencias para algunos jubilados salvadoreños con TPS. Beneficiarios han recibido cartas de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos en las que se les informa que no pueden retirar su jubilación y que deben reintegrar el pago correspondiente a septiembre.
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Las comunicaciones sostienen que los destinatarios no cumplen con el requisito de presencia legal vigente para acceder a la jubilación. El reclamo se produjo pese a que USCIS mantiene que los salvadoreños cubiertos por TPS conservan protección y permiso de trabajo hasta una nueva determinación.
La situación expuso una diferencia entre la vigencia práctica del TPS y los efectos que la ausencia de una notificación definitiva puede tener en otras agencias federales. También añadió una presión económica a personas que dependen de esos ingresos después de décadas de trabajo en Estados Unidos.
Díaz señaló que la Alianza Nacional TPS buscará que los beneficiarios participen en acciones de cabildeo, movilizaciones y reuniones con representantes federales. La estrategia apunta a sostener la presión política antes de que el nuevo Congreso inicie sus funciones y durante sus primeros meses de gestión.
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El próximo Congreso comenzará su período el 3 de enero de 2027, salvo que se establezca otra fecha por ley. Hasta entonces, la definición administrativa sobre el TPS de los salvadoreños sigue pendiente.
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