La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que El Salvador cumplió de forma parcial las reparaciones ordenadas en el caso Cuéllar Sandoval y otros, vinculado con la desaparición forzada de tres integrantes de una familia durante el conflicto armado (1980-1992).
La resolución de supervisión de cumplimiento, fechada el 24 de agosto de 2026 y divulgada este lunes, mantuvo abierto el procedimiento por las medidas que aún están pendientes.
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El tribunal determinó que el Estado acreditó avances en la difusión de la sentencia, la intervención del “Monumento a la memoria y la verdad” en el parque Cuscatlán de San Salvador, el pago de una parte de las indemnizaciones y el reintegro de costas y gastos al representante de las víctimas.
La resolución se refiere a Patricia Emile Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, cuyas desapariciones forzadas fueron objeto de la sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida el 18 de marzo de 2024.
El monumento incorporó los nombres de las tres víctimas
La Corte consideró cumplida la orden de adecuar el “Monumento a la memoria y la verdad”, luego de que El Salvador informara que los nombres de Patricia Emile Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez fueron incorporados al bloque de granito identificado como “1982 desaparecidos y desaparecidas”.
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El Estado también informó trabajos de restauración, mantenimiento e iluminación del espacio ubicado en el parque Cuscatlán, en San Salvador. El tribunal señaló que se trata de un bien cultural protegido y que las acciones realizadas permiten preservar el monumento y mejorar su visibilidad.
La medida buscaba corregir la ausencia de los nombres de las víctimas en el memorial y consignar, de forma inequívoca, las fechas de sus desapariciones.
Publicaciones y pagos aún pendientes
La Corte declaró un cumplimiento parcial de la obligación de publicar y difundir la sentencia y su resumen oficial. Según la resolución, el Estado realizó algunas publicaciones en redes sociales, aunque todavía debe divulgar el resumen en el Diario Oficial, publicar la sentencia íntegra en la página principal de un sitio oficial y mantener la difusión en las cuentas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.
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También quedaron pagos pendientes a víctimas y familiares. El Estado acreditó desembolsos efectuados en junio y julio de 2025 para tratamientos médicos, psicológicos y psiquiátricos, además de indemnizaciones por daño material e inmaterial.
No obstante, la Corte señaló que faltan pagos para algunas personas beneficiarias o sus derechohabientes. Entre ellas figuran Maite María Álvarez Cuéllar, Ana Gabriela Álvarez Cuéllar y familiares de María Consuelo Cuéllar, León Enrique Cuéllar y Teresa Pérez de Ramos, quienes fallecieron.
El tribunal solicitó al representante de las víctimas que entregue, antes del 30 de noviembre de 2026, información actualizada sobre los datos de contacto de Ana Gabriela Álvarez Cuéllar y sobre los derechohabientes de las personas fallecidas, con el fin de avanzar en la entrega de las compensaciones.
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Investigaciones y búsqueda bajo supervisión
El organismo interamericano mantuvo bajo supervisión las órdenes relacionadas con la investigación de los hechos, la determinación de responsabilidades y la sanción de los autores y partícipes de las desapariciones.
Además, pidió a El Salvador continuar con la búsqueda de Patricia Emile Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, mediante las vías judiciales o administrativas pertinentes, para establecer su paradero o identificar sus restos mortales.
La resolución también mantiene vigentes otras reparaciones: atención médica gratuita y prioritaria para Gladis Pérez de Castro; un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; la aprobación del reglamento de la Ley del Banco de Datos de ADN; la capacitación de funcionarios sobre desaparición forzada con enfoque de género; y la incorporación de contenidos de derechos humanos en el sistema educativo.
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La Corte ordenó al Estado presentar, a más tardar el 1 de marzo de 2027, un informe sobre el cumplimiento de las medidas pendientes. La representación de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrán presentar observaciones después de recibir ese reporte.
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