La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este 15 de octubre que presentó el 10 de junio de 2026 ante la Corte IDH el caso 13,725 contra El Salvador por la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y la falta de investigación de crímenes cometidos contra integrantes de la familia de Mario Antonio Turcios Flores durante el conflicto armado.
La CIDH solicitó reparaciones económicas y medidas de satisfacción para las víctimas, atención física y mental para Turcios Flores y su familia, y la continuidad de las investigaciones penales para identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales.
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También pidió que la Ley de Amnistía General, o cualquier norma similar, no impida investigar estos hechos ni otras graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Entre las garantías de no repetición, propuso programas permanentes de formación en derechos humanos para las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento técnico del Poder Judicial.
La desaparición de Santos Armando Turcios Flores
La petición fue presentada ante la CIDH en diciembre de 2008 y aborda hechos ocurridos desde 1980. Ese año, Santos Armando Turcios Flores, de 17 años, fue agredido y detenido por soldados de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, que lo trasladaron a instalaciones militares.
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Su madre acudió a buscarlo, pero no recibió información sobre su paradero. Días después, el cuerpo del adolescente fue encontrado con graves signos de tortura. Los familiares no lograron recuperarlo por temor a represalias. Cuando volvieron al día siguiente, el cuerpo había desaparecido y su paradero continúa sin conocerse.
La CIDH determinó que la privación de libertad y la falta de información sobre Santos Armando Turcios Flores constituyeron una desaparición forzada. El organismo concluyó además que fue sometido a tortura y que el Estado incumplió su deber de protección especial de la niñez.
La masacre que destruyó el caserío Barrios
Dos años después, efectivos del Batallón de Infantería “Atlacatl” realizaron un operativo en el caserío Barrios. Durante la incursión torturaron y ejecutaron a residentes, entre ellos Virgilio Flores y los niños Oscar Umaña y Edgar Antonio Turcios Benítez, de seis y nueve años.
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Mario Antonio Turcios Flores sobrevivió porque se escondió entre los árboles. Tras el operativo, 49 víctimas fueron enterradas en fosas, de las cuales 26 eran menores de edad.
La destrucción de viviendas y medios de subsistencia forzó el desplazamiento de quienes sobrevivieron y derivó en la desaparición del caserío. La Comisión estableció que el uso de la fuerza fue ilegítimo, arbitrario e intencional, y que las víctimas padecieron tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El saqueo y la destrucción de las viviendas constituyeron, según el organismo, una injerencia arbitraria y abusiva en la vida privada de las familias. La denuncia formulada en 2002 ante la Oficina de Tutela Legal, junto con las exhumaciones, quedó paralizada durante más de 10 años por la Ley de Amnistía General.
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En 2004, Turcios Flores sufrió intimidaciones y amenazas por su condición de testigo. Presentó un recurso de habeas corpus al considerar que existían restricciones a su libertad, aunque la Policía Nacional Civil negó que hubiera persecución y la Cámara de lo Penal sobreseyó el proceso al concluir que no había una limitación real.
La CIDH señaló que El Salvador incumplió su obligación de investigar los hechos de oficio, con diligencia y dentro de un plazo razonable. Para la Comisión, esa falta de actuación mantuvo el caso en la impunidad.
El organismo también concluyó que las amenazas y el acoso contra las personas sobrevivientes provocaron desplazamiento interno y exilio, con consecuencias sobre la integridad psíquica y moral de sus familiares. La guerra civil del país perduró entre 1980 hasta 1992.
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