El Fondo Monetario Internacional propone revisar la gratuidad de Doctor SV y aplicar copagos según los ingresos en El Salvador

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió que El Salvador revise la gratuidad universal de la plataforma Doctor SV e implemente esquemas de copago diferenciados, con el objetivo de proteger la sostenibilidad financiera del programa sin excluir a las personas de menores ingresos. La recomendación fue analizada por los especialistas Carlos Acevedo, Patricio Pineda y Raúl Castellón en la entrevista Diálogo, de Grupo Megavisión.

El periodista Ernesto López recordó que el organismo internacional advirtió sobre el costo anual de la plataforma de telemedicina, que rondaría los USD 120 millones. Sin embargo, el proyecto de presupuesto contempla una asignación de USD 150 millones para el servicio.

Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), consideró razonable evaluar una contribución de los usuarios con mayor capacidad económica. “No es lo mismo, por ejemplo, que llame este servidor a la plataforma a que llame una persona de bajos recursos”, afirmó.

Para Acevedo, la discusión debe partir de una diferenciación de los beneficiarios. “Si yo me voy a beneficiar de la plataforma, podría tener sentido un copago. Si llama una persona de escasos recursos, no”, sostuvo. A su juicio, “no tiene mucho sentido que se ofrezca una plataforma como esa gratuita a todo el mundo, independientemente de su nivel de ingreso”.

Patricio Pineda, experto en pensiones, planteó que el Gobierno debe publicar datos sobre la cobertura territorial de Doctor SV antes de establecer cualquier mecanismo de pago. Según indicó, no hay información pública sobre la cantidad de descargas, consultas y usuarios por departamento o municipio.

Pineda vinculó ese vacío con la desigualdad en el acceso a internet. Explicó que la mayor concentración de cuentas activas de aplicaciones de mensajería se ubica en el Área metropolitana, que incluye a San Salvador y La Libertad. Si ese patrón se replica en la telemedicina, las comunidades rurales podrían tener una menor utilización de la herramienta.

“Precisamente a esas partes de las zonas geográficas donde se acrecienta esa brecha de acceso al Internet es donde debe estar la subsidiariedad del servicio que pide el FMI”, afirmó. El especialista propuso que el Estado mantenga la gratuidad en los sectores con mayores obstáculos de conectividad y menor acceso a la atención sanitaria.

También cuestionó la transición desde Doctor ISSS hacia Doctor SV. “Lo más sensato, por el tipo de economía que nosotros tenemos y el acceso a la salud, era gradualmente migrar a este uso de aplicaciones”, señaló. Pineda sostuvo que el proceso debió incluir el fortalecimiento de la red pública de salud en las comunidades más empobrecidas.

Los trabajadores formales ya aportan al sistema de salud, advirtió Castellón

El economista Raúl Castellón advirtió que los copagos deben considerar los aportes previos que realizan los trabajadores formales al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Afirmó que muchos hogares ya pagan impuestos, cotizaciones de seguridad social o planes privados de salud.

“Al momento de que tú me digas a mí: ‘Mirá, te voy a cobrar ahora la salud’, yo te preguntaría: ¿por qué me vas a cobrar adicional a la que yo ya estoy pagando?”, planteó. Castellón señaló que la telemedicina puede reducir costos para el Estado y para los pacientes, al evitar traslados, nuevas instalaciones hospitalarias y mayores contrataciones de personal.

Acevedo coincidió en que faltan datos para definir el modelo financiero. Dijo que sería necesario conocer la estructura de costos de Doctor SV, en especial el gasto asociado a la entrega de medicamentos a través de farmacias privadas.

El exfuncionario consideró que una provisión estatal centralizada de fármacos podría resultar más eficiente por las economías de escala. “Sale más caro un esquema en el que crees un mecanismo privado de provisión del servicio y el Estado paga”, afirmó.

Los analistas coincidieron en que la recomendación del FMI no implica una decisión automática. El Gobierno deberá definir los criterios para establecer quiénes conservarán el subsidio total, qué sectores asumirían un copago y cómo evitar que las familias que ya financian servicios de salud enfrenten un nuevo cargo.