La detención de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, dejó al descubierto el uso de drones, fusiles de asalto y municiones por parte de una estructura criminal en Costa Rica. El operativo contra el fugitivo más buscado del país dejó ocho agentes heridos tras cerca de 50 minutos de enfrentamiento.
La acción se realizó el 24 de julio de 2026 en Sarapiquí, cerca de la frontera con Nicaragua. Según BBC News, citado por Diálogo Américas, el resultado reveló el poder de fuego y la capacidad tecnológica que han adquirido las organizaciones criminales en el país.
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La operación puso fin a una década de fuga de Arias Monge. Infobae informó que las autoridades decomisaron pistolas, fusiles de asalto, más de 2,700 municiones y drones que la organización utilizaba para vigilar su zona de influencia y detectar con anticipación los movimientos de la Policía.
El caso de alias Diablo muestra que las estructuras criminales costarricenses ya no solo emplean armas para cometer delitos, sino que incorporan equipos tecnológicos para defender sus operaciones, controlar territorios y anticipar respuestas estatales.
El hallazgo de drones y armamento de alto poder confirmó una ampliación de sus recursos tácticos.
El abastecimiento ilegal incorpora armas desviadas, piezas y fabricación artesanal
La directora de la escuela de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, Karen Jiménez, sostuvo que el mercado ilegal de armas en Centroamérica atraviesa una transformación. “El mercado ilícito de armas en Centroamérica está evolucionando hacia un modelo más diversificado, flexible y difícil de controlar”, dijo a Diálogo Américas.
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Jiménez explicó que esas redes ya no dependen de una sola vía de suministro. El circuito combina armas robadas, armamento adquirido de forma legal que luego ingresa en canales criminales, piezas trasladadas por separado, ensamblaje dentro de los países, fabricación artesanal e impresión 3D.
La especialista añadió que Costa Rica dejó atrás una violencia armada asociada principalmente con hechos aislados o delincuencia común. En su diagnóstico, la expansión de las economías ilegales, las disputas por el territorio y la acción del crimen organizado cambiaron el perfil de la violencia.
“Las armas de fuego se han convertido en el principal instrumento de letalidad criminal”, indicó Jiménez. La académica relacionó ese fenómeno con debilidades legales, problemas de trazabilidad, circulación regional de armas y una mayor demanda de las organizaciones delictivas.
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El informe Violencia armada en Costa Rica: Hallazgos de una década 2014-2024, elaborado por la Fundación para la Paz y la Democracia, señaló que más del 77% de los homicidios registrados durante ese período se cometió con armas de fuego. El estudio caracterizó esos años como la década más violenta de la historia reciente del país.
Los decomisos reflejan la circulación de armas y la expansión de las redes criminales
Durante el primer semestre de 2026, las autoridades costarricenses incautaron unas 1,100 pistolas y revólveres. La cifra refleja la presencia de armas en manos de grupos delictivos y plantea un desafío para las fuerzas encargadas de investigar su origen y destino.
La especialista consultada por Diálogo advirtió que el problema no se limita al volumen de los decomisos. Para Jiménez, se trata de una red de abastecimiento criminal que conecta fallas institucionales, rutas regionales y estructuras delictivas con capacidad de adaptarse a nuevos mecanismos de ingreso y producción.
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Los operativos contra el narcotráfico también permitieron detectar esa relación. El periódico CR Hoy informó que la Policía de Control de Drogas concluyó 23 allanamientos en Puntarenas y Alajuela el 18 de junio, con el decomiso de más de 500 kilogramos de droga, ocho armas de fuego y nueve vehículos.
La investigación desarticuló una organización que, de acuerdo con las autoridades, pasó del narcomenudeo al tráfico internacional marítimo de drogas. El hallazgo conjunto de estupefacientes, vehículos, armas y otros recursos mostró que el armamento forma parte de la infraestructura que permite sostener esas actividades.
Honduras y Guatemala también reportaron operativos contra arsenales ilegales
El Ministerio Público de Honduras comunicó que la Agencia Técnica de Investigación Criminal encontró armas largas, municiones y granadas en un taller de autobuses urbanos de Puerto Cortés. El procedimiento ocurrió el 10 de julio y las autoridades sospechan que el material estaba destinado a una estructura criminal de la zona norte.
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En Guatemala, la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, junto con otras unidades policiales y fiscales del Ministerio Público, realizó allanamientos contra grupos vinculados con la extorsión y el robo de vehículos.
El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que los procedimientos dejaron 29 detenidos y permitieron incautar armas, vehículos y municiones. La cartera ordenó análisis balísticos de los fusiles y las pistolas para determinar si habían sido utilizados en homicidios o atentados.
Estos casos muestran que el tráfico de armas no se limita a un solo país. Las organizaciones aprovechan fronteras terrestres, puertos, aeropuertos y servicios de mensajería para movilizar armas completas o componentes que luego pueden ensamblarse.
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La cooperación regional apunta al rastreo y al intercambio de información
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Belice y República Dominicana integran la Hoja de Ruta Centroamericana para Prevenir el Tráfico y la Proliferación Ilícita de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos. El mecanismo fue adoptado en 2025 con apoyo de organismos regionales e internacionales.
La iniciativa busca articular políticas de prevención, investigación, rastreo e intercambio de datos. El objetivo es identificar tanto las armas incautadas como las redes que las desvían, trasladan y emplean en actividades criminales.
El Sistema de la Integración Centroamericana informó que El Salvador avanzó en julio de 2026 hacia la etapa final de su Plan Nacional contra el Tráfico Ilícito de Armas. El proceso cuenta con respaldo de la Secretaría General del SICA, la Organización de los Estados Americanos y el centro regional de las Naciones Unidas.
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El plan pretende fijar prioridades, distribuir responsabilidades entre las instituciones y mejorar los mecanismos de coordinación. También contempla el intercambio de información para contener la circulación de armas, municiones y explosivos.
La captura de Arias Monge contó con apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Administración para el Control de Drogas, conocida como DEA. La agencia patrocinó una solicitud de recompensa administrada por el Departamento de Estado y mantuvo durante más de un año una línea telefónica y un correo electrónico para recibir información sobre el fugitivo.
La DEA también respaldó a las autoridades costarricenses con pedidos de investigación e inteligencia que contribuyeron a la operación. El caso dejó en evidencia que el combate contra estas estructuras requiere análisis balístico, rastreo de armas, inteligencia y cooperación internacional.
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