
El gobierno de El Salvador anunció la extensión de su programa de becas de educación superior para estudiantes de colegios privados de bajos recursos, un beneficio gestionado por la Dirección Nacional de Integración que hasta la fecha estaba destinado de manera exclusiva a los egresados del sector público.
Durante en el espacio de entrevista Frente a Frente, el presidente de la entidad, Alejandro Gutman, presentó los criterios socioeconómicos, los objetivos de cobertura y los plazos de ejecución de esta medida que transformará la oferta académica técnica y universitaria en el país centroamericano.
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El plan estatal responde a una realidad detectada en diversas zonas del territorio nacional, donde familias de escasos ingresos económicos optaron por matricular a sus hijos en instituciones privadas modestas para resguardarlos de la violencia delictiva que afectaba a las escuelas públicas en años anteriores.
Por lo que, para evitar que los fondos beneficien a sectores con capacidad de pago, la Dirección Nacional de Integración aplicará un filtro socioeconómico a los postulantes. “Ya estamos decididos a incorporar a una parte de los colegios privados”, afirmó Alejandro Gutman en declaraciones al espacio televisivo.
El funcionario detalló que la meta institucional es integrar a un primer grupo de estudiantes durante la tercera fase de preinscripción del presente ciclo, con la intención de consolidar el acceso completo para la siguiente convocatoria académica.
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La ampliación hacia el sector privado se suma a una expansión en la oferta de becas universitarias y técnicas. Para el próximo período lectivo, el Estado pondrá a disposición 41 mil cupos para nuevos ingresantes, los cuales se añadirán a los 14 mil estudiantes que ya cursan carreras profesionales en distintas instituciones de El Salvador.
Esta cifra duplica la oferta del período anterior, cuando se otorgaron 21,400 becas. La iniciativa registra además un indicador de deserción estudiantil de apenas el 10%, un porcentaje menor al promedio de abandono en América Latina, que oscila entre el 30% y el 40%.
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El titular de la Dirección Nacional de Integración sostuvo que cerca del 50% de la matrícula total del último año de bachillerato público, equivalente a entre 21 mil y 24 mil estudiantes, participa actualmente en los procesos formativos necesarios para optar a una plaza universitaria, con la meta de elevar esa cifra al 75% en las futuras promociones.
Para acceder a los beneficios, los aspirantes deben completar una etapa de capacitación previa diseñada para nivelar competencias académicas. Quienes aspiran a carreras universitarias deben cumplir seis actividades obligatorias, mientras que los postulantes a escuelas técnicas deben realizar cuatro y los interesados en cursos vocacionales de tres a 12 meses completan una o dos tareas.
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El proceso incluye refuerzos escolares los sábados en las materias de Matemática y Lenguaje, la realización de horas de servicio social, visitas a empresas y universidades, y el cursado del taller sobre el origen de la pobreza. Asimismo, el programa incorporó la modalidad virtual para que jóvenes de zonas rurales o con empleo puedan continuar sus estudios.

Un crédito multilateral de USD 300 millones financiará el modelo educativo de costos compartidos
La sostenibilidad económica de la política pública se mantendrá mediante el respaldo de organismos financieros internacionales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una estructura crediticia para garantizar el flujo de fondos requeridos en la formación de los estudiantes.
“El BID nos acaba de otorgar un préstamo de cien millones de dólares y un CLIP de doscientos millones de dólares de crédito más”, dijo Alejandro Gutman. Estos recursos permitirán cubrir los compromisos acumulados a medida que la matrícula de becarios se estabilice en los próximos años.
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El funcionamiento del programa se basa en un esquema de cofinanciamiento pactado entre el Estado y el sector académico. El gobierno financia aproximadamente el 50% del valor total de cada carrera, cubriendo cerca del 70% de la cuota mensual de los alumnos.
Por su parte, las 46 universidades privadas e institutos técnicos participantes asumen el 50% restante mediante el otorgamiento de matrículas gratuitas, la exoneración del cobro de laboratorios y el financiamiento de los trámites de graduación y tesis.
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