El Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador (CECOT) se convirtió en el punto de partida de una expansión regional de proyectos penitenciarios de gran escala.
Desde su inauguración, en febrero de 2023, gobiernos de 10 países de América Latina propusieron construir 16 megacárceles, según un informe de Insight Crime.
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La prisión salvadoreña, situada en Tecoluca, a unos 70 kilómetros de San Salvador, tiene capacidad para 40,000 reclusos, una cifra que supera la de los complejos penitenciarios previstos o ya operativos en el resto de la región. El CECOT fue construido en siete meses y pasó a ser una pieza central de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele.
El Gobierno salvadoreño difundió imágenes de internos trasladados a grandes pabellones, bajo vigilancia de guardias armados, como parte de la estrategia comunicacional que acompañó al nuevo centro.
Honduras y Ecuador proyectaron los complejos con mayor capacidad después del CECOT
El mapa elaborado por Insight Crime muestra que el mayor proyecto fuera de El Salvador corresponde al Centro de Retención de Emergencia de Honduras, diseñado para 20,000 personas. La iniciativa fue anunciada durante la gestión de la entonces presidenta Xiomara Castro.
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En Ecuador, el Gobierno de Daniel Noboa propuso un complejo penitenciario para 15,120 reclusos, cuyo nombre oficial aún no fue definido. El mandatario ecuatoriano respaldó de forma pública la comparación con el modelo salvadoreño cuando anunció sus planes de nuevas cárceles.
Noboa declaró un conflicto armado interno contra los grupos criminales en enero de 2024, en un contexto de aumento de la violencia vinculado a las rutas de la cocaína.
Una de las cárceles ecuatorianas ya funciona en la provincia de Santa Elena: el Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.º 1, conocido como Cárcel del Encuentro, cuenta con capacidad para 800 internos de máxima seguridad y alto riesgo.
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Paraguay, Argentina y Chile avanzaron con establecimientos de menor escala
La segunda megacárcel en funcionamiento de la región es el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, en Alto Paraná, Paraguay. El establecimiento puede alojar a 1,300 presos de máxima seguridad y alto riesgo. Comenzó a recibir traslados masivos en agosto de 2025.
A diferencia de la escala salvadoreña, el centro paraguayo tiene una capacidad equivalente a poco más del 3% de los cupos disponibles en el CECOT. La comparación atraviesa buena parte de los proyectos regionales, cuyos tamaños son inferiores aunque sus gobiernos los presenten como megacárceles.
En Argentina, avanza la construcción del Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil, conocido como El Infierno, cerca de Rosario. El complejo tendrá 1,152 plazas y estará destinado a internos de máxima seguridad y alto perfil. La ciudad santafesina se consolidó en los últimos años como uno de los focos de violencia y tráfico de drogas del país.
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El relevamiento también incluye el Complejo Penitenciario Talca, en Chile, con una capacidad prevista de 2,500 personas; el Centro de Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad El Infierno, en Guatemala, con 2.000 plazas; y una cárcel en Copiapó, Chile, para 2.160 internos.
Varios anuncios no pasaron de la etapa inicial
El impulso regional no se tradujo siempre en obras en marcha. Los proyectos en Panamá, Ecuador y Perú ya obtuvieron autorizaciones, pero sus construcciones no habían comenzado al momento del informe.
En Honduras, el plan para levantar una prisión en las Islas del Cisne fue descartado por razones ambientales. En Perú, una iniciativa para construir un penal para 30,000 personas en Ananea, en el departamento de Puno, tampoco obtuvo aprobación.
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El mapa de Insight Crime distingue entre cárceles operativas, complejos en construcción, iniciativas aprobadas, obras suspendidas y propuestas que nunca recibieron luz verde. La distribución muestra proyectos desde Centroamérica hasta el Cono Sur, con presencia en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay y Argentina.
Las cárceles masivas no resolvieron por sí solas el avance criminal
El informe advierte que la ampliación de la capacidad penitenciaria no constituye una fórmula automática contra el crimen organizado. Las cárceles con hacinamiento, falta de personal y recursos limitados pueden facilitar la organización de los presos y las disputas por el control de territorios y economías ilegales dentro de los penales.
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En El Salvador, las cárceles también actuaron durante años como centros de operación de las pandillas. El CECOT se diferencia, según Insight Crime, por un esquema de confinamiento permanente y condiciones de seguridad restrictivas: los presos no tienen contacto con familiares ni con el exterior, permanecen en celdas sin ventanas y enfrentan restricciones de acceso a la defensa legal.
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