La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) enfrentó una jornada marcada por reclamos públicos de familiares y por una grave denuncia que volvió a poner bajo escrutinio los mecanismos de protección dentro de la institución.
En Tegucigalpa, varios padres llegaron a las instalaciones de SENAF para exigir información sobre sus hijos, quienes, según sus testimonios, fueron separados de sus hogares por decisiones de protección.
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Uno de los casos más visibles fue el de un padre que, de rodillas y entre lágrimas, pidió que le devolvieran a su hijo. Aseguró que el menor fue retirado de su hogar con carácter “temporal” hace casi tres años y sostuvo que todavía espera una respuesta definitiva sobre su situación.
Otros familiares también reclamaron falta de información y cuestionaron que no se les explique con claridad qué deben hacer para recuperar el cuidado de sus hijos.
En paralelo, una joven que estuvo bajo protección de SENAF denunció públicamente que habría sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de un psicólogo de la institución.
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Según su relato, el supuesto hecho habría ocurrido el 28 de julio, después de que el profesional le ofreciera una bebida. La joven afirmó que posteriormente perdió el conocimiento y despertó desnuda.
También aseguró que, tras recibir atención médica, se enteró de que estaba embarazada y actualmente tendría unas siete semanas de gestación.
Familiares de menores llegaron a las instalaciones de SENAF en Tegucigalpa para exigir respuestas sobre los procesos de protección que mantienen separados a sus hijos de sus hogares. (Video: Cortesía / LTV)
La denuncia permanece bajo investigación y no existe hasta ahora una resolución que establezca responsabilidad penal del trabajador señalado.
Uno de los elementos más delicados del caso es la existencia de versiones contradictorias sobre la edad de la joven.
Durante su declaración pública, ella afirmó tener 17 años. Sin embargo, el Ministerio Público indicó que las diligencias que mantiene corresponden a una ciudadana mayor de 18 años, mientras autoridades de SENAF también han señalado que no sería menor de edad.
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Por esa razón, este punto debe mantenerse abierto hasta que los documentos oficiales permitan establecerlo con certeza.
La diferencia no es menor: la edad determina qué fiscalías y mecanismos especiales de protección resultan aplicables y puede modificar el tratamiento jurídico e institucional del caso.
La titular de SENAF, Ada María Mejía Signorelli, afirmó que la institución activó protocolos de atención y que ofrecerá acompañamiento médico, psicológico y legal a la denunciante.
También aseguró que se abrió una investigación interna y sostuvo que SENAF no encubrirá a ningún funcionario si se determina alguna responsabilidad.
La institución confirmó además que en la sede señalada existe un psicólogo hombre, aunque la identidad del trabajador no ha sido divulgada públicamente mientras avanzan las investigaciones.
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El Ministerio Público informó que el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) tuvo al menos tres intervenciones relacionadas con la joven.
Según la Fiscalía, se intentó practicar evaluaciones médicas y psicológicas, pero estas no pudieron completarse debido a la falta de colaboración de la denunciante, quien además no habría proporcionado información que permitiera ubicarla posteriormente.
El MP negó que se le haya cerrado el acceso a la justicia y aseguró que la Fiscalía de Protección a la Mujer continuará investigando.
Los reclamos de los padres y la denuncia contra el psicólogo no forman parte necesariamente del mismo expediente ni deben mezclarse como si tuvieran una causa común.
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Sin embargo, ambos episodios convergen en una pregunta central: qué tan transparente, rápida y supervisada es la actuación del Estado cuando una persona queda bajo protección de SENAF.
En el caso de los padres, será necesario conocer qué resoluciones judiciales o administrativas justifican la separación familiar y qué condiciones deben cumplirse para una eventual reunificación.
En la denuncia de la joven, corresponderá esclarecer si ocurrió la agresión, quién podría ser responsable y si los protocolos de protección funcionaron correctamente.
La jornada dejó así a SENAF bajo una presión distinta a la de un simple reclamo administrativo: las familias exigen respuestas y una investigación penal deberá determinar si la propia institución encargada de proteger a personas vulnerables falló en esa obligación.
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