Crisis en el transporte: empresarios alertan por el alza de costos y piden diálogo con el Gobierno salvadoreño

El aumento del diésel y el atraso en el pago de la compensación económica han llevado al transporte público salvadoreño a una situación de presión financiera que, según empresarios del sector, amenaza con reducir aún más la cantidad de unidades en circulación.

La Mesa Nacional del Transporte pidió al Gobierno instalar un espacio de diálogo para buscar medidas que reduzcan las pérdidas operativas.

Durante una entrevista televisiva, los voceros de la gremial, Lucio Vásquez y Luis Regalado, descartaron que exista una convocatoria a paro de labores. Vásquez sostuvo que el objetivo es advertir sobre las dificultades económicas que enfrentan los propietarios de rutas y el impacto que estas pueden tener en los usuarios.

“No estamos llamando a hacer ningún paro”, afirmó Vásquez durante el espacio de entrevista en Frente a Frente. Explicó que la preocupación se centra en la posibilidad de que más unidades dejen de operar debido a que los ingresos diarios ya no cubren los costos básicos, en especial el combustible.

El empresario señaló que el diésel ronda los $4.89 por galón y que un autobús puede requerir unos 25 galones al día. Bajo ese cálculo, solo el gasto en combustible supera los $100 diarios, mientras que una unidad que transporta 600 pasajeros con una tarifa de $0.20 recaudaría cerca de $120.

El combustible representa el 68% de los gastos de operación

Para los representantes de la Mesa Nacional del Transporte, el precio del combustible es la principal variable que afecta las finanzas de las rutas. Vásquez aseguró que el diésel representa el 68% de los costos diarios de operación y que su encarecimiento provoca aumentos en otros insumos, como lubricantes, repuestos y llantas.

El vocero indicó que los ingresos de las empresas también han bajado por la reducción en el flujo de pasajeros, el tráfico y la competencia del transporte no autorizado. A su juicio, esos factores han reducido la liquidez de los propietarios de unidades, que deben cubrir combustible, salarios, mantenimiento y obligaciones financieras.

“La rentabilidad de mi negocio ya se acabó”, expresó Vásquez. Según explicó, la compensación estatal pasó de ser un apoyo para cubrir déficits puntuales a convertirse en parte del presupuesto regular de operación de muchas empresas.

La tarifa de los buses se mantiene en $0.20 desde 2009. Los transportistas señalaron que, en ese momento, el galón de combustible costaba cerca de $2.39. La compensación para los autobuses pasó de $400 a $500 mensuales, pero los voceros consideran que ese monto ya no guarda relación con los costos actuales.

El atraso de dos meses en la compensación agrava la falta de liquidez

Vásquez afirmó que el sector acumula dos meses de atraso en el pago de la compensación. Según dijo, esa demora desordena los compromisos de las rutas, ya que los propietarios utilizan esos recursos para cubrir gastos inmediatos.

“Si nos atrasan la compensación, nos desequilibran todo porque vamos prácticamente al límite”, manifestó el empresario. También indicó que, en algunos casos, los depósitos son absorbidos por los bancos debido a deudas pendientes.

Regalado añadió que las obligaciones crediticias se han acumulado desde la pandemia. Indicó que varias empresas renovaron unidades desde 2015 con financiamiento bancario, pero la reducción de pasajeros durante la emergencia sanitaria afectó su capacidad de pago. De acuerdo con su exposición, los préstamos actuales pueden tener intereses superiores al 10% y llegar hasta el 18%.

Los empresarios también alertaron sobre las dificultades para renovar el parque vehicular. Regalado señaló que una unidad usada, con entre ocho y diez años de vida útil, pasó de costar entre $15 mil y $17 mil a valores de entre $30 mil y $40 mil.

Las propuestas de la mesa incluyen un precio tope para el diésel y créditos para las rutas

Los empresarios afirmaron que entregaron propuestas al Gobierno en abril de 2026, pero que aún no han recibido una reunión de seguimiento. Entre las medidas planteadas figuran un precio techo para el diésel destinado al transporte público, créditos con condiciones preferenciales, un fideicomiso para ordenar las deudas del sector y una revisión de las reglas para importar buses usados.

También propusieron que la compensación se dirija de forma focalizada a los usuarios y que se revise el esquema tarifario conforme a los costos reales de operación. Los voceros insistieron en que cualquier ajuste debe surgir de una negociación con las autoridades.

La Mesa Nacional del Transporte pidió que esa instancia tenga capacidad para tomar decisiones sobre financiamiento, combustibles, tarifas, modernización, control del transporte ilegal y medidas para reducir el impacto del tráfico en las rutas. Entre las alternativas, plantearon habilitar carriles exclusivos para buses en los principales accesos a San Salvador, con el fin de mejorar los tiempos de recorrido y la cantidad de vueltas diarias de las unidades.