Amnistía Internacional concluyó en un informe que las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad para aplastar el levantamiento “Mujer, Vida, Libertad” de 2022, y pidió que 87 altos funcionarios y mandos de seguridad sean investigados penalmente por su responsabilidad en la represión. El informe, titulado Arquitectos de atrocidades: cómo la maquinaria estatal organizó crímenes de lesa humanidad en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022 en Irán, tiene más de 1.000 páginas y se basa en entrevistas con 270 personas y el análisis de más de 2.000 videos y documentos oficiales, algunos de ellos filtrados.
La investigación documenta que las fuerzas de seguridad —principalmente la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) y la Jefatura de Policía (FARAJA)— asesinaron a centenares de manifestantes y transeúntes, entre ellos decenas de niños y niñas, y sometieron a miles de personas a detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y violencia sexual. Según el documento, estos actos se cometieron “como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil” y en cumplimiento de una política estatal diseñada para sofocar la disidencia.
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El levantamiento estalló el 16 de septiembre de 2022, tras la muerte bajo custodia de Zhina Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, a manos de la policía “de la moral” iraní. Según el informe, “cientos de miles de personas salieron pacíficamente a la calle para protestar contra decenios de represión, discriminación e impunidad”.
Los testimonios: “Parecía una zona de guerra”
El informe recoge decenas de testimonios de sobrevivientes que describen escenas de violencia extrema. Shahram, de la localidad de Yavanrud, en la provincia de Kermanshah, relató: “Aquello parecía un campo de batalla. Nos perseguían agentes uniformados de la Guardia Revolucionaria empuñando rifles de asalto Kalashnikov [...] No dejaban de disparar”.
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Un relato similar ofreció Mahshid, manifestante de Mahabad, provincia de Azerbaiyán Occidental: “Nunca había visto escenas como aquellas [...] La situación daba mucho miedo, parecía una zona de guerra. Las fuerzas de seguridad no hacían más que disparar. No se apiadaban de nadie”.
En Sanandaj, provincia de Kurdistán, Iman describió disparos indiscriminados: “Los agentes disparaban a quien entrara en su campo de visión, daba igual que fueran mujeres, niños, niñas, transeúntes o manifestantes [...] Muchas personas resultaron heridas por perdigones de metal en las piernas, el cuerpo, el pecho y el rostro”. Y Rojin, de Saqqez, también en Kurdistán, resumió la naturalización de la violencia: “Para las fuerzas de seguridad se convirtió en algo normal matar y herir a personas”.
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Amnistía documentó además episodios puntuales de extrema letalidad, como el ocurrido el 30 de septiembre de 2022 en Zahedán, provincia de Sistán y Baluchistán, cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego tras los rezos del viernes y mataron a 87 personas en pocas horas, en una jornada que la población iraní conoce como el “viernes sangriento”. Según el informe, agentes dispararon munición letal, perdigones de metal y gas lacrimógeno desde el tejado de una comisaría y desde casas cercanas contra personas que aún rezaban.
Órdenes que “no dejan lugar a dudas”
El informe reproduce documentos oficiales filtrados que, según Amnistía, prueban la existencia de una cadena de mando y de una política deliberada. Una orden del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, emitida el 21 de septiembre de 2022 a mandos de la FARAJA en todo el país, exigía “una respuesta firme y severa a cualquier reunión, la dispersión de alborotadores y su detención y traslado a bases para obtener compromisos”. Dos días después, el comandante de la FARAJA en la provincia de Mazandarán fue más explícito con sus tropas al ordenarles “responder sin piedad y llegar incluso a causar la muerte”.
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Las comunidades kurda y baluchi —esta última, una minoría étnica y mayoritariamente sunita concentrada en el sudeste de Irán—, señala el informe, sufrieron la represión de manera desproporcionada: representan el 62% de las víctimas registradas pese a ser una fracción minoritaria de la población iraní. Amnistía documentó el homicidio de 106 manifestantes y transeúntes baluchis —entre ellos 20 niños y niñas— y de 95 kurdos, entre ellos 13 menores, en las provincias de Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental. El informe concluye que se cumplen los requisitos para determinar que estas comunidades fueron víctimas del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos étnicos y políticos.
Violación y otros tipos de violencia sexual bajo custodia
El informe documenta que 16 personas fueron violadas mientras estaban detenidas arbitrariamente en relación con las protestas: seis mujeres, siete hombres, una niña de 14 años y dos varones de 16 y 17 años.
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Según el documento, “las mujeres y las niñas fueron violadas vaginal, anal y oralmente, y los hombres y niños analmente. Las penetraciones se realizaron con barras de madera y de metal, botellas de cristal, mangueras o los órganos sexuales y los dedos de los agentes”.
Amnistía documentó además otros 29 casos de violencia sexual distinta de la violación. En mujeres y niñas, según el informe, incluyó desde manoseos y golpes en pechos y genitales hasta mantenerlas desnudas durante horas o días bajo custodia, “en ocasiones ante cámaras de vídeo y a temperaturas extremadamente bajas”. En hombres y niños, documentó descargas eléctricas y la inserción de agujas en los genitales, además de amenazas de violación contra ellos o sus familiares.
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Con base en esos patrones, la organización concluyó que “se cumplen los criterios para determinar que se han cometido los crímenes de lesa humanidad de violación y violencia sexual”, al considerar probado el elemento de intencionalidad en la conducta de los agentes estatales.
Impunidad y pedido de justicia internacional
Amnistía sostiene que la impunidad en Irán es “sistémica e intencionada”, producto de un sistema judicial subordinado al líder supremo y de leyes —como la que regula el uso de armas de fuego por las fuerzas armadas— que exime de responsabilidad penal y civil a los agentes estatales. El informe cita a un comité oficial iraní que reconoció apenas 202 muertes durante las protestas y atribuyó la mayoría a “alborotadores y [...] terroristas armados”, una versión que la organización rechaza por carecer de sustento probatorio.
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Sobre esa base, Amnistía identificó a 87 altos cargos —62 mandos de la IRGC y la FARAJA y 25 funcionarios del Ministerio del Interior, incluidos gobernadores provinciales y comarcales— que a su juicio deben ser investigados penalmente por responsabilidad de mando o por complicidad e inducción en los crímenes.
Entre los nombres de mayor perfil figuran el entonces líder supremo, Ali Khamenei, y el entonces jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohammad Bagheri, ambos fallecidos en los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán en 2026, al igual que el general al mando de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami.
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También aparecen Ahmad Vahidi, entonces ministro del Interior y presidente del Consejo de Seguridad del Estado, que desde 2022 pasó a ocupar el cargo de general al mando de la Guardia Revolucionaria, y Majid Mirahmadi, entonces viceministro del Interior para asuntos policiales y de seguridad.
Para Amnistía, el hecho de que la mayoría de los altos cargos señalados siga en funciones —e incluso haya ascendido dentro de la cadena de mando— es una de las señales más claras de que el aparato de represión permanece intacto.
La organización afirma haber escrito el 4 de agosto de 2026 al líder supremo, Mojtaba Khamenei, y a los jefes de la FARAJA, la IRGC y el Ministerio del Interior para exponerles sus conclusiones, sin haber recibido respuesta al momento de la publicación.
La organización pide a la Asamblea General de la ONU que cree un mecanismo internacional de justicia penal para Irán, dado el bloqueo del Consejo de Seguridad, y reclama a los Estados que impulsen investigaciones bajo el principio de jurisdicción universal contra los altos cargos señalados. El informe advierte que la falta de rendición de cuentas por lo ocurrido en 2022 “contribuye peligrosamente a la normalización de los homicidios masivos en protestas”, en referencia a episodios posteriores de represión aún más letales registrados en enero de 2026.
EL INFORME COMPLETO
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