
A horas de que venza el Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños, cerca de 170 mil migrantes enfrentan la posibilidad de perder sus permisos de trabajo y quedar expuestos a procesos de deportación en Estados Unidos.
La medida afecta a personas que han vivido en ese país durante más de dos décadas, donde formaron familias, compraron viviendas y desarrollaron actividades laborales.
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Entre ellos está Nilson Cañenguez, empresario salvadoreño que llegó a Estados Unidos en 1999 y se acogió al TPS cuando tenía 23 años.
Aunque siempre entendió que el beneficio era temporal, cuestionó que esa condición se mantuviera durante décadas sin una solución migratoria permanente para quienes construyeron su vida bajo esa protección.
“Yo siempre estuve con eso, pensando que era temporal, pero de esa forma se los hicieron décadas”, expresó Cañenguez.
Las declaraciones fueron retomadas de CNN. El salvadoreño afirmó que, pese a haber logrado estabilidad económica y crear empleos, no pudo regularizar su propia situación migratoria.
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Cañenguez comenzó en el sector de la construcción tras ingresar por la frontera. Con el paso de los años adquirió camiones de carga y fundó una empresa de construcción comercial que llegó a tener unos 250 empleados. Después de la pandemia de COVID-19, cambió el rumbo de sus negocios hacia el sector inmobiliario.
El empresario señaló que sus compañías ayudaron a varios trabajadores a obtener la residencia permanente, mientras él permanece bajo una protección temporal que finaliza este 9 de septiembre. “Yo por medio de mis empresas le di residencia a varias personas, pero no me la pude dar yo”, comentó. Ahora prevé dejar sus negocios en manos de sus hijos.
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La situación de Cañenguez contrasta con la de otros beneficiarios que dependen directamente de sus empleos para sostener a sus familias. La pérdida del TPS implica el vencimiento de los permisos laborales, un elemento que aumenta la incertidumbre para quienes no cuentan con otra vía para permanecer legalmente en el país.

Líderes religiosos pidieron extender el TPS antes de su vencimiento
En Washington, líderes, pastores y miembros de la Confraternidad de Entidades Pentecostales de las Américas (Cepa) solicitaron al Gobierno del presidente Donald Trump una extensión del TPS para salvadoreños. La información fue retomada de una publicación de EFE. La petición ocurrió un día antes de la fecha prevista para el fin del programa.
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Un centenar de religiosos, vinculados a unas 21 mil iglesias en 36 estados, manifestó su preocupación por el impacto en las familias. El presidente de Cepa, Ángel Marcial, advirtió sobre el estado emocional de las comunidades y pidió más tiempo para que los afectados puedan prepararse ante un eventual retorno a El Salvador.

Marcial sostuvo que la finalización del beneficio alcanza a familias con hijos nacidos en Estados Unidos. Según indicó, la comunidad salvadoreña cuenta con unos 150 mil niños ciudadanos estadounidenses, cuyos hogares podrían enfrentar separaciones si sus padres pierden la protección migratoria.
Los religiosos también recordaron en una carta dirigida a Trump y a miembros de su Gabinete que los beneficiarios salvadoreños del TPS aportan alrededor de 5,400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan cerca de $1,500 millones en impuestos federales, estatales y locales.
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El pastor salvadoreño William Rodríguez advirtió que el vencimiento del programa supone la pérdida del permiso de trabajo y abre la posibilidad de deportaciones. La finalización del TPS para ciudadanos de El Salvador ocurre en medio de una política migratoria más restrictiva de la actual Administración, que también eliminó esa protección para nacionales de Haití, Venezuela y Afganistán.
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