
Los impuestos sobre la renta en procesos judiciales se ubicaron como el principal ingreso recuperado por el Estado salvadoreño entre junio de 2025 y mayo de 2026, con un total de USD 8,673,288.52.
Así lo detalla el Informe de Labores 2025-2026 de la Fiscalía General de la República, que reporta una suma global de USD 18,946,552.75 recuperada en esos 12 meses.
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Esta cantidad se logró gracias a distintas gestiones que incluyeron casos de evasión de impuestos penal, cobro de multas, IVA y otros conceptos.
Además de los rubros fiscales, el Estado recuperó montos por reparos (USD 741,279.67), contrabando de mercaderías (USD 771,143.31) y cuotas laborales (USD 834,181.03). También se obtuvieron ingresos menores por cumplimiento de sentencias, daños materiales, peculado y ventas en subasta.
En cuanto a la distribución territorial, la Unidad Penal del Estado gestionó 2,033 casos y recuperó USD 4,593,246.19. San Salvador lideró la lista con USD 3,351,232.40 recuperados en 956 casos, seguido por San Miguel con USD 600,143.73 en 518 casos y Santa Ana con USD 641,870.06 en 559 casos.
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La Unidad de Impuestos informó que, de un monto demandado de USD 8,363,352.91, logró recuperar USD 10,373,923.89. En este periodo, inició 1,387 expedientes y presentó 35 demandas judicializadas. Estos resultados muestran una labor constante en la recuperación de fondos fiscales.

Juicios de cuentas, multas y control de bienes
En el área de Juicios de Cuentas y Multas, se recuperaron USD 3,536,862.25 luego de tramitar 2,051 casos de multas, 275 juicios de cuentas y seis reclamaciones adicionales. Durante el año, se llevaron a cabo 703 audiencias, 43 inspecciones y 47 apelaciones. Además, se emitieron 130 sentencias mixtas (absolutorias y condenatorias) y 160 sentencias condenatorias.
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La Unidad de Control de Bienes del Estado abrió 5,755 expedientes. De ellos, 277 fueron registros por donaciones, compraventas y titulaciones de inmuebles estatales, y 5,478 correspondieron a gestiones administrativas. Entre las actividades realizadas, se destacan 5,594 resoluciones administrativas, 5,481 remediaciones e inspecciones, y 510 revisiones de proyectos de escrituras públicas. También se brindó apoyo en la destrucción de medicamentos y en subastas.
Gestión civil, administración de justicia y medio ambiente
En el área civil, la Unidad Civil presentó 47 demandas, de las cuales 30 resultaron favorables. Además, inició 1,145 casos, realizó 2,192 intervenciones judiciales y 3,159 cobros administrativos no judiciales. Los principales casos atendidos fueron contenciosos administrativos (434), titulaciones (397) y civiles (155).
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Las Unidades de Administración de Justicia y Fe Pública sumaron 2,116 casos ingresados, 257 audiencias iniciales, 287 requerimientos y 140 dictámenes. También hubo 161 audiencias preliminares y 48 procedimientos abreviados de condena. En cuanto al archivo de expedientes, la cifra llegó a 1,878.
En materia ambiental, las unidades especializadas reportaron 561 casos, 151 audiencias iniciales, 52 dictámenes y seis órdenes administrativas. Se presentaron cuatro demandas civiles por daño ambiental. El periodo terminó con 51 sentencias condenatorias, cinco absolutorias, 81 audiencias preliminares y 17 recursos.
El informe de la Fiscalía resalta que estos resultados son el fruto de un trabajo coordinado entre diferentes áreas, con el objetivo de recuperar fondos públicos, combatir la evasión fiscal y proteger los intereses del Estado.
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