Trata de personas en Centroamérica: niñas explotadas, reclutamiento laboral hacia Congo y Rusia, y operativos de Interpol que exponen un patrón regional

Más de 200,000 personas fueron víctimas de trata entre 2020 y 2023 en todo el mundo, según la ONU. En Centroamérica, los operativos y reportes difundidos en 2026 muestran un patrón regional marcado por la explotación de menores, redes transnacionales y una brecha amplia entre los casos detectados y los no denunciados.

El 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señalaron que las víctimas recorren cada año mayores distancias, soportan más violencia durante períodos más prolongados y generan ganancias más altas para las redes que las explotan.

Centroamérica es origen, destino y escenario de explotación directa. Más del 90% de los casos en la región involucra víctimas explotadas dentro de su propio país o por perpetradores del mismo entorno geográfico, según datos publicados en enero de 2026 por This Week in Public Health.

Los focos de origen y las víctimas más afectadas

Los países del Triángulo Norte —Guatemala, Honduras y El Salvador— concentran buena parte de los flujos de origen. Las redes trasladan a sus víctimas hacia México y Estados Unidos, pero también hacia Costa Rica y Panamá, donde la explotación sexual y el trabajo forzado alimentan un mercado interno.

Más de la mitad de las víctimas detectadas en Centroamérica y el Caribe son menores de edad, una de las proporciones más altas del mundo. Las niñas representan el grupo más afectado por la explotación sexual; los niños y adolescentes varones son captados principalmente para trabajo forzado y actividades delictivas.

Casos recientes en Honduras y El Salvador

En julio de 2026, la Dirección Policial de Investigaciones de Honduras detuvo en Catacamas, Olancho, a los padres biológicos de tres niñas de entre 11 y 13 años que habrían sido sometidas a explotación sexual comercial dentro de su propia vivienda durante casi dos años.

El operativo, del 17 de ese mes, incluyó la participación del Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la ONG OUR RESCUE. Las menores quedaron bajo resguardo de la Secretaría de Niñez para recibir atención psicológica, médica y legal.

El caso expone una constante regional: el 77% de las víctimas rescatadas en Honduras son menores de edad, según la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT). En los primeros meses de 2026, esa institución informó el rescate de 18 personas, entre ellas 10 niñas, cuatro niños y tres mujeres adultas.

En El Salvador, la Fiscalía presentó en julio de 2026 una acusación formal ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado por el caso de 86 salvadoreños trasladados a la República Democrática del Congo con la promesa de trabajar como guardias de seguridad con salarios superiores a USD 4,000 mensuales.

Según la acusación, la empresa salvadoreña IMPROA S.A. de C.V. los reclutó como intermediaria de una firma internacional y los convirtió en contratistas militares sin pago. La Fiscalía imputa trata en modalidad de servidumbre, falsedad ideológica y agrupaciones ilícitas.

Infobae también documentó en abril de 2026 el caso de una red transnacional de reclutamiento engañoso que ha puesto su mirada en América Latina, utilizando promesas de salarios de hasta $2,600 como anzuelo para atraer a cientos de civiles al frente de guerra.

Bajo la fachada de ofertas laborales legítimas y salarios extraordinarios, decenas de ciudadanos de países como El Salvador, Colombia y Cuba están siendo trasladados a la Federación Rusa.

En El Salvador, un grupo de familiares de ciudadanos afectados alertó a Infobae sobre la existencia de reclutadores identificados como Carlos Gallego y Marlyn Montoya, quienes presuntamente operan como nexos locales.

Un caso similar también se documentó en Honduras , el caso de cinco hondureños lograron escapar de Rusia tras denunciar que fueron engañados con falsas ofertas de empleo y posteriormente presionados para integrarse a fuerzas militares en medio del conflicto con Ucrania.

Y en Panamá, durante junio Panamá confirmó que al menos 15 de sus ciudadanos se encontraban vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania y que evidencia el alcance de las redes de reclutamiento que operan en América Latina mediante falsas ofertas de empleo.

La Cancillería advirtió que varios panameños habrían sido engañados con promesas de trabajos como guardias de seguridad, operadores de maquinaria pesada o ayudantes de cocina, pero terminaron en zonas de combate.

Guatemala: más investigaciones y menos enjuiciamientos

Guatemala abrió 765 investigaciones por trata en 2024, frente a 452 en 2023, pero el número de enjuiciamientos cayó de 200 a 63 sospechosos en el mismo período. El Informe sobre Trata de Personas 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo al país en Nivel 2: hace esfuerzos, pero no cumple los estándares mínimos.

Entre las fallas señaladas figuran la ausencia de condenas a funcionarios por complicidad y la insuficiencia de servicios para víctimas fuera de la capital.

En febrero de 2026, las autoridades guatemaltecas desarticularon la red conocida como Mercaderes de Migrantes, que operaba en el departamento de Huehuetenango. La organización captaba a migrantes guatemaltecos y extranjeros, los trasladaba hacia México y luego los secuestraba para exigir rescates a sus familias, con pagos de entre 179,000 y 300,000 pesos mexicanos.

Los captores enviaban videos y fotografías de las víctimas para presionar a sus familiares mientras los retenían en territorio mexicano y les hacían creer que ya habían llegado a Estados Unidos.

Nicaragua y Costa Rica en los reportes internacionales

El informe del Departamento de Estado ubicó a Nicaragua en Nivel 3, la categoría más severa: el régimen no identificó ninguna víctima de trata durante el período evaluado, en contraste con las tres registradas en 2023. Las reformas legales implementadas por el gobierno eliminaron la cooperación con la sociedad civil, y no hubo condenas a tratantes.

Las víctimas nicaragüenses son explotadas en Costa Rica, Panamá, México, España y Estados Unidos, captadas con ofertas en restaurantes, hoteles, construcción y servicio doméstico que derivan en explotación sexual o trabajo forzado.

Costa Rica identificó 53 víctimas formales en 2024, frente a 36 en 2023. El Índice Global de Crimen Organizado 2025 señaló al país como un sitio de alta exposición a la explotación sexual de menores y al uso de niños para el tráfico de drogas. Las víctimas extranjeras provienen principalmente de Venezuela, Nicaragua, Colombia y República Dominicana.

En julio de 2026, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) participó en la operación Global Chain / Atlas 2026, coordinada por Interpol y Europol, que detectó 20 posibles víctimas en Costa Rica: 12 de nacionalidad nicaragüense y ocho costarricenses.

Los operativos regionales y el alcance de las redes

La operación identificó a 2.070 víctimas en total, de las cuales 162 eran menores. La explotación sexual representó el 64,2% de los casos en adultos y el 86,4% en menores.

La operación Liberterra III de Interpol, desplegada en noviembre de 2025 en 119 países, permitió rescatar a más de 4,400 posibles víctimas y detener a 3,744 sospechosos. En Centroamérica, Guatemala y Honduras cooperaron con controles y detenciones; en El Salvador, las autoridades documentaron el caso de una niña vendida a un hombre 65 años mayor.

Meses antes, la operación Eclipse, tras once meses de investigación que concluyeron en enero de 2026, permitió el rescate de 65 menores de entre cinco y 13 años en nueve países de Latinoamérica y el Caribe, con el 80% de las víctimas siendo niñas.

Los países centroamericanos presentes en los resultados fueron Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El mecanismo de captación y las ganancias

El 74% de los traficantes opera dentro de grupos delictivos organizados, según la UNODC. Sus ganancias globales por criminalidad forzada, que incluye estafas en línea, narcotráfico y fraudes, ascienden a USD 40.000 millones anuales.

En el Sudeste Asiático, las pérdidas por estafas en línea vinculadas a trata alcanzaron entre USD 88.300 y 114.100 millones solo en 2025.

El mecanismo se repite en distintas regiones: falsas ofertas laborales, confiscación de documentos al llegar al destino, deudas fabricadas, violencia y amenazas para mantener el control. Las familias, en muchos casos, venden tierras o contraen préstamos para financiar el viaje de sus seres queridos.

Cuando descubren el engaño, muchas recurren a nuevos préstamos para pagar rescates. La directora general de la OIM, Amy Pope, afirmó: "Merecen protección, no castigo“.

La criminalización de las víctimas

Uno de los obstáculos más documentados es la criminalización de las propias víctimas. Cuando son rescatadas, muchas enfrentan registros delictivos por actos que cometieron bajo coacción, sin documentos y con el temor de ser procesadas judicialmente.

“Los tratantes obtienen utilidades no solamente por los delitos cometidos bajo coerción, sino también por los sistemas de justicia que criminalizan a las víctimas, permitiendo así la impunidad”, denunció la OIM. La agencia instó a los gobiernos a defender el principio de no punibilidad y a garantizar que los mecanismos nacionales de derivación funcionen con protección, asistencia legal y apoyo para la reintegración.

La UNODC señaló que las respuestas de la justicia penal son insuficientes para un delito en rápida evolución: “Para acabar con la trata de personas, las fuerzas del orden deben aplicar leyes estrictas, realizar investigaciones proactivas, fortalecer la cooperación transfronteriza, combatir las finanzas delictivas y aprovechar la tecnología para identificar y desmantelar las redes".