El Salvador: Más de 300 años de condena para asesino de un soldado y el hermano de un agente policial

Willian Antonio García Rumaldo, “Sospechoso”, recibió una condena de 324 años de prisión por diez homicidios agravados y pertenencia a agrupaciones ilícitas

Un mazo de juez de madera brillante sobre su base de madera oscura, con el mango hacia la izquierda. Al fondo, se distingue una balanza dorada y un libro.
El tribunal atribuyó a William Antonio García Rumualdo el asesinato de Clementino Esteban Rosales, hermano de un agente de la PNC, ocurrido el 16 de octubre de 2017 en el cantón Sincuyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con la sentencia emitida por el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, los homicidios de un soldado de la Fuerza Naval de El Salvador y del hermano de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurridos en el distrito de Tacuba, Ahuachapán Centro, quedaron resueltos, informó este viernes la cuenta oficial de Centros Judiciales.

El proceso penal concluyó con la condena de 32 integrantes de la Mara Salvatrucha, todos miembros de la clica Cobras Locos Salvatruchos del programa Ahuachapán, quienes recibieron penas que superan los 300 años de prisión por múltiples homicidios y agrupaciones ilícitas cometidas entre 2014 y 2019.

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De acuerdo con la información oficial, la pena más alta recayó sobre Willian Antonio García Rumaldo, conocido como “Sospechoso”, condenado a 324 años de cárcel tras demostrarse su responsabilidad en diez homicidios agravados, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, y por integrar agrupaciones ilícitas. Entre los crímenes atribuidos a García Rumaldo figura el asesinato de Clementino Esteban Rosales, hermano de un agente de la PNC, quien fue atacado con armas de fuego y machetes el 16 de octubre de 2017 en el cantón Sincuyo, distrito de Tacuba.

Hombre sentado en silla de plástico blanca, vestido de blanco, brazos tatuados, manos esposadas de metal.
La condena también incluyó el homicidio agravado del soldado José Alfredo Ascencio de la Cruz, asesinado en 2017 en la finca San Martín de Tacuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal también comprobó su participación en el homicidio agravado del soldado José Alfredo Ascencio de la Cruz, cometido el 22 de septiembre de 2017 en la finca San Martín, caserío El Arenal, de la misma jurisdicción. Según datos de Centros Judiciales, la víctima fue engañada para acudir a una barbería, donde fue atacada primero con una escopeta y luego con machetes.

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Otras condenas de hasta 134 años de prisión

Por su parte, Luis Ángel Hernández Vásquez, alias “Snayper” o “Sayper”, recibió 134 años de prisión al comprobarse su autoría en cuatro homicidios agravados y su pertenencia a agrupaciones ilícitas. Por su parte, Elmer Eduardo Medina García, alias “Memito”, fue sentenciado a 125 años de cárcel al acreditarse su participación en cuatro asesinatos agravados y por integrar estructuras delictivas. Los demás procesados recibieron penas que oscilan entre tres y 95 años de prisión, según el grado de responsabilidad y el número de delitos comprobados durante el juicio.

Según los reportes de Centros Judiciales, los hechos ocurrieron entre 2014 y 2019 en la zona rural del distrito de Tacuba, Ahuachapán Centro.

Los acusados formaban parte de la clica Cobras Locos Salvatruchos y mantenían presencia en diversas comunidades rurales, donde cometieron una serie de homicidios que afectaron a habitantes y miembros de las fuerzas de seguridad.

Seis hombres sentados en sillas negras con cortinas marrones al fondo. Uno de los hombres lleva esposas en las muñecas y sujeta una botella transparente.
Luis Ángel Hernández Vásquez, alias Snayper o Sayper, fue sentenciado a 134 años de cárcel y Elmer Eduardo Medina García, alias Memito, a 125 años por homicidios agravados y agrupaciones ilícitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia fue dictada por el juez dos del Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana. La investigación judicial continúa para esclarecer otros hechos atribuidos a la misma estructura y al programa Ahuachapán.

El organismo judicial reiteró que estos procesos forman parte del compromiso institucional para garantizar el acceso a la justicia y la protección de las comunidades afectadas por la violencia de las pandillas.

Además, subrayó que el resultado de este juicio permite avanzar en la resolución de casos emblemáticos, como el asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad y sus familiares, lo que representa un paso relevante en la aplicación de la ley en El Salvador.

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