El tratado de extradición entre Nicaragua y Rusia entra en escena con una característica: la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua asumiría la responsabilidad de decidir sobre los pedidos de extradición que lleguen desde Moscú, desplazando la función que hasta ahora correspondía a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La Asamblea Nacional tiene previsto ratificar el acuerdo bilateral este 14 de julio de 2026, lo que implicará una modificación en el proceso y los actores encargados de tramitar las extradiciones entre ambos países.
El tratado fue firmado durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo el 5 de junio y su contenido se incorporó a la agenda legislativa el 9 de julio, según información de Confidencial.digital.
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Cambios en la autoridad para decidir extradiciones
La normativa vigente en Nicaragua, de acuerdo con el artículo 350 del Código Procesal Penal nicaragüense, establece que la Corte Suprema de Justicia es la única entidad encargada de conceder o negar extradiciones.
Con el nuevo tratado, la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua asumirá esa función, convirtiéndose en la autoridad central junto a la Procuraduría General de Rusia.
El abogado Juan Diego Barberena sostuvo ante Confidencial.digital que, si bien la Procuraduría ya podía tramitar solicitudes, la competencia de ejecución de extradiciones era exclusivamente judicial.
Según Barberena, el texto del tratado deja la aplicación “muy discrecional” y abre la posibilidad de interpretaciones, lo que para él podría considerarse “abiertamente inconstitucional”.
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El acuerdo establece que podrán ser extraditadas aquellas personas que sean solicitadas para enfrentar procesos penales o cumplir condenas por delitos sancionados con al menos un año de prisión o con penas más severas.
También fija que la decisión sobre la extradición deberá ser comunicada al Estado requirente o requerido a través del Poder Ejecutivo.
Procedimiento y alcance de las solicitudes
Entre las principales novedades del tratado destaca la posibilidad de que cualquiera de los dos países solicite la detención provisional de una persona antes de presentar la solicitud formal de extradición.
Dicha detención podrá durar hasta 60 días y la petición podrá remitirse por escrito, fax u otros medios de comunicación, incluyendo canales de INTERPOL.
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Para activar una detención provisional, basta con que el país requirente envíe los datos necesarios para identificar a la persona y se comprometa a presentar la solicitud formal posteriormente. Si esta petición formal no se entrega dentro del plazo previsto, la persona detenida deberá ser liberada.
Alcance retroactivo y extradición por delitos previos
El tratado incorpora una cláusula que permite aplicar sus disposiciones a delitos cometidos antes de su entrada en vigor, siempre que la solicitud se presente después de la ratificación.
Según el análisis publicado por Confidencial.digital, esta disposición se aparta del principio de no retroactividad de la ley, que en general rige en el derecho penal.
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Además, el acuerdo prevé la posibilidad de extraditar personas por hechos ocurridos fuera del territorio del país solicitante, siempre que la legislación del país requerido sancione esa conducta en circunstancias similares.
Tras la ratificación, la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua será la autoridad encargada de tramitar las extradiciones hacia Rusia y viceversa, implementando un procedimiento más directo y con un alcance que incluye delitos previos a la entrada en vigor del acuerdo.
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