Régimen de Nicaragua premia a boxeador “Chocolatito” González con casa expropiada a exaliado de Ortega

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua continúa utilizando la confiscación de bienes de opositores, periodistas y exiliados políticos como mecanismo de represión y obtención de recursos. Una investigación de Divergentes reveló que estas propiedades confiscadas se ofrecen en el mercado inmobiliario informal o en plataformas electrónicas y se utilizan como pago a figuras públicas leales al sandinismo.

Uno de los casos es la entrega de una vivienda en Villa Fontana, Managua, al boxeador y campeón mundial nicaragüense Román “Chocolatito” González. Esta casa pertenecía a Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y aliado del régimen. Según Divergentes, “Chocolatito” recibió la propiedad como recompensa por su apoyo propagandístico al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y su participación en actividades del partido.

Actualmente, la residencia está habitada por una pareja de origen asiático, aunque no se ha precisado si viven allí por alquiler o cesión directa. González intentó obtener un préstamo bancario para mejorar la propiedad, pero los bancos le negaron el crédito por tratarse de un inmueble confiscado sin seguridad jurídica, indica la publicación.

Junto a esta vivienda se encuentra la casa que perteneció a la madre de Rafael Solís, Rafaela Cerda, la cual fue entregada a Walter Castillo Sandino, promovido por el oficialismo como nieto del general Augusto C. Sandino. En este inmueble ahora opera un restaurante privado gestionado por la hija de Castillo Sandino.

El ex magistrado Rafael Solís acusó a Daniel Ortega de ocupar propiedades suyas y de su familia en Nicaragua, un avance en las confiscaciones que golpea a uno de los antiguos aliados más cercanos del mandatario y se inscribe en una política estatal cuyo costo ya fue calculado en al menos USD 250 millones.

Esa estimación surge de una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción y de Hagamos Democracia, que sostiene que las confiscaciones de bienes realizadas por el Estado nicaragüense constituyen una deuda pública que terminarán pagando los ciudadanos. El informe compara ese proceso con la llamada “piñata” del primer gobierno sandinista, la repartición de propiedades confiscadas durante la década de 1980 y en la transición de 1990.

Solís, de 70 años y exiliado en Costa Rica, afirmó a la plataforma Confidencial que las autoridades expropiaron bienes de su madre Rafaela Cerda, de su hermana Ana Isabel Solís, de su sobrino Aldo Rapaccioli Solís y de él mismo, en Managua y en el balneario de San Juan del Sur. “Se dejaron ir contra mí con mucho odio, con mucha saña, con una ofensiva fuerte”, dijo.

El ex juez explicó que los inmuebles, entre viviendas y negocios, fueron “tomados” por la Policía Nacional. También precisó que antes las confiscaciones solo se habían hecho en el Registro de la Propiedad y que ahora las autoridades pasaron a la ocupación material de los bienes.

El despojo alcanzó al menos seis propiedades desde enero de 2024

Según diversas publicaciones recopiladas por Infobae, desde finales de enero de 2024 el régimen confiscó al menos seis propiedades de Solís o de sus familiares. Entre ellas figuran el hotel Casablanca, de 15 habitaciones, en San Juan del Sur, propiedad de su madre, y Plaza Isabella, un centro comercial en Managua registrado a nombre de su hermana.

El 27 de febrero, patrullas policiales se presentaron en la vivienda de Cerda, de 93 años, y la obligaron a salir “solo con la ropa que andaba puesta”, de acuerdo con la publicación. Solís relató después que a su madre no le permitieron sacar ni su pasaporte ni un rosario bendecido por el papa y que ahora vive en una casa alquilada.

De operador judicial del sandinismo a exiliado y desnacionalizado

Solís fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia durante 19 años y durante ese período actuó también como operador político del Frente Sandinista en el sistema judicial. Fue uno de los jueces que en octubre de 2009 declararon “inaplicable” el artículo constitucional que impedía la reelección presidencial continua y limitaba a dos los mandatos, una decisión que allanó el camino para una nueva postulación de Ortega.

Su cercanía con Ortega era profunda. Había sido uno de sus amigos más próximos, compañero de la guerrilla sandinista en los años 70 y padrino de bodas de Ortega y de Rosario Murillo, en la ceremonia con la que el líder sandinista buscó mostrarse casado por la Iglesia católica antes de las elecciones de 2006.

Renunció el 8 de enero de 2019 mediante una carta pública en la que describió la represión de 2018 como un “Estado de terror”. En ese texto denunció que en Nicaragua se consolidaba “al menos una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que han hecho desaparecer todos los poderes del Estado”.