El Salvador, un país de microempresas que busca formalizar su economía

La economía salvadoreña descansa sobre los hombros de más de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), un universo empresarial que representa el 99.6% de las unidades productivas del país y sostiene el empleo de la mayoría de la población.

En el marco del Día del Empresario, que se celebra cada 18 de junio en El Salvador, el análisis sobre la estructura y desafíos de la empresa privada adquiere una relevancia especial, pues según datos oficiales, este sector ha logrado generar más de 850,000 empleos, con una marcada presencia femenina y un peso en la vida económica nacional.

Sin embargo, la mayoría de estos negocios enfrenta múltiples desafíos como la informalidad, la saturación de mercados y la dificultad para acceder a financiamiento y servicios de apoyo.

Lejos de la imagen de una economía dominada solo por grandes corporaciones, el panorama empresarial de El Salvador revela una composición fuertemente asimétrica.

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) detalla que existen más de 1.13 millones de microempresas, la mayoría conformada por emprendimientos familiares de subsistencia que rara vez superan los tres empleados.

Mientras que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha sido históricamente el principal referente del gran empresariado en El Salvador. Desde su fundación en 1966, la ANEP ha representado a las mayores corporaciones y grupos empresariales familiares del país, influyendo de forma decisiva en la formulación de políticas públicas, el desarrollo de marcos regulatorios y la defensa del sistema de libre empresa.

Durante décadas, la ANEP articuló la voz unificada del sector privado, coordinando cámaras y gremiales de distintos rubros económicos, y participando directamente en organismos estatales clave. Su protagonismo permitió al gran capital incidir sobre decisiones económicas nacionales, estimular procesos de privatización y negociar reformas estructurales que marcaron la economía salvadoreña desde la década de 1990.

En el plano operativo, la ANEP aglutina a empresas de alto impacto, promueve eventos como el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE) y canaliza propuestas para la modernización y competitividad del sector corporativo. Aunque en los últimos años su influencia política directa ha disminuido, la ANEP mantiene un rol esencial como interlocutor técnico, promotor de inversiones y defensor de las condiciones de estabilidad jurídica y competitividad para los grandes actores económicos del país.

De acuerdo con cifras de Conamype, apenas 2,800 empresas alcanzan la categoría de medianas y menos de 1,000 corresponden al segmento de grandes corporaciones.

Este fenómeno, identificado por organismos internacionales como el Grupo Banco Mundial bajo el concepto de “missing middle”, refleja una economía donde los extremos predominan: millones de microempresas con baja productividad y un grupo de grandes actores con alta eficiencia. La brecha entre ambos extremos dificulta la movilidad empresarial y limita el desarrollo de un tejido productivo diversificado.

El peso de la informalidad

Uno de los desafíos centrales que enfrenta el sector empresarial es la prevalencia de la informalidad. Datos del Observatorio MYPE de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI) indican que el 76% de las MIPYMES operan fuera del marco formal. Esta realidad responde menos a la evasión deliberada y más a la necesidad de sobrevivir ante barreras burocráticas, costos de formalización y dificultades de acceso al crédito. Según la fundación, la informalidad es un refugio ante la imposibilidad de cumplir requisitos que resultan inalcanzables para muchos emprendedores.

Dentro de este universo, la competencia es feroz. El 68% de las microempresas reproduce modelos de negocio idénticos, lo que las obliga a competir por márgenes mínimos en mercados saturados. Esta falta de diferenciación y de acceso a financiamiento formal conduce a muchos empresarios a depender de prestamistas informales, con tasas de interés que superan ampliamente los límites legales, según documenta FUSAI.

El peso de estas dificultades se distribuye de manera desigual en el territorio salvadoreño. Sectores como alojamiento, turismo, transporte y artesanías sufren el impacto directo de la competencia con grandes empresas y la saturación de la oferta local. Un estudio de FUSAI señala que el 70% de los pequeños negocios turísticos en la Ruta de las Flores reporta una caída severa de la demanda y una saturación del mercado, mientras que en zonas costeras como El Cuco, más de la mitad de los pequeños hoteleros se sienten desplazados por grandes complejos turísticos.

La vía legal para formalizarse

Frente a este panorama, la formalización se presenta como un reto y una oportunidad. La aprobación de la figura legal de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) en 2024 abrió una vía para que miles de emprendedores regularicen sus actividades. El Centro Nacional de Registros (CNR) reportó la creación de más de 8,300 nuevas empresas en 2025, de las cuales más de la mitad se constituyeron bajo la modalidad SAS.

Este mecanismo elimina la necesidad de trámites notariales costosos y permite la constitución de empresas por un solo socio con un capital mínimo de USD 1. “La SAS es una herramienta que facilita el salto a la formalidad y abre las puertas a mercados más amplios”, destacó Conamype.

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) ha desempeñado un papel en la articulación de las MIPYMES y en el acompañamiento hacia la formalización. Con 2,500 socios activos, la gremial ofrece asesoría técnica, capacitación y acceso a servicios como seguros colectivos y networking, que de otra forma serían inaccesibles para la mayoría de sus miembros. “Nuestro enfoque es ayudar a la pequeña empresa a superar debilidades estructurales y sobrevivir en un entorno altamente competitivo”, explicaron en Camarasal.

El efecto de las políticas públicas

Las políticas públicas universales, como el incremento del salario mínimo o las reformas a la ley de compras estatales, afectan de manera desigual a las MIPYMES. El Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) implementó un programa de subsidio para mitigar el impacto del alza salarial en 2021, pero nuevas revisiones y cambios normativos siguen generando incertidumbre en el sector. Camarasal ha advertido sobre el riesgo de que estos ajustes, si carecen de medidas de acompañamiento, provoquen cierres masivos y una mayor migración hacia la informalidad.