Una organización criminal que pagaba ₡300.000 (USD 666) a mujeres en situación de vulnerabilidad para ingresar droga a las cárceles costarricenses —y multiplicaba esa inversión hasta ₡5 millones (USD 11,000) por cada cargamento— operó durante al menos dos años antes de ser desmantelada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según detalla una nota de CR Hoy.
El expediente judicial-citado por el medio- revela que sus integrantes llamaban “bebés” a los paquetes de droga y teléfonos celulares preparados para entrar a los penales, y guardaban esos cargamentos en lo que denominaban un “refugio seguro”.
El negocio era rentable y metódico. Un gramo de marihuana se vendía dentro de los centros penitenciarios a cerca de ₡18,000 (USD 40), y una onza podía alcanzar los ₡500.000 (USD 1,110). Por eso, la organización construyó una cadena logística que iba desde un taller de preparación en Coopevigua de Guápiles hasta el interior de seis cárceles distribuidas en distintas provincias del país.
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Cómo se preparaban los “bebés”
El expediente presentado por la Fiscalía de Siquirres atribuye a Cristian Mendoza, alias “Titán”, la preparación de los paquetes. El proceso consistía en moldear la droga y los teléfonos en envoltorios cilíndricos con plástico, cinta adhesiva, condones y suavizante de telas para reducir los olores y facilitar el ingreso intracorporal.
Una vez listos, los “bebés” esperaban en la vivienda de Coopevigua, identificada en el expediente como el “refugio seguro”. Allí también permanecían las mujeres reclutadas —llamadas “pasantes”— antes de ser enviadas a los centros penales.
La organización usaba ese término en todas sus comunicaciones internas, según la solicitud de allanamiento y declaratoria de crimen organizado presentada por el Ministerio Público.
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El papel de “La Patrona” y el reclutamiento de mujeres vulnerables
La captación de las “pasantes” estaba a cargo de Krissia Sánchez Allen, alias “La Patrona”. El OIJ confirmó que la estructura buscaba mujeres en condición de vulnerabilidad económica en la zona de Siquirres, en la provincia de Limón, y les ofrecía ₡300,000 (USD 666) por cada ingreso exitoso.
La reclutadora recibía cerca de ₡100,000 (USD 222) adicionales, mientras que entre ₡15,000 (USD 33) y ₡35,000 (USD 78) se destinaban a cubrir transporte y otros gastos operativos. Antes de cada visita a los penales, las mujeres recibían instrucciones precisas sobre cómo ocultar los paquetes y evadir los controles de la Policía Penitenciaria.
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El margen de ganancia para la cúpula era alto: por 250 gramos de cocaína o marihuana ingresados y vendidos al menudeo dentro de una cárcel, la organización podía obtener hasta ₡5 millones: más de 16 veces lo que le pagaba a cada “pasante”.
Privados de libertad coordinaban desde adentro
De acuerdo a la nota de CR Hoy, el expediente establece que varios reclusos dirigían la logística desde el interior de los centros penales mediante teléfonos celulares. Desde allí ordenaban compras, organizaban envíos y distribuían la droga.
Para dificultar el rastreo de las comunicaciones, la organización se valía de colaboradores externos que activaban desvíos de llamadas. Ese mecanismo conectaba a los privados de libertad con proveedores y transportistas sin dejar rastro directo en los teléfonos usados dentro de las cárceles.
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Las operaciones documentadas abarcan los centros de atención institucional Jorge Arturo Montero, Terrazas, Leticia, Liberia, Limón y San José.
Los casos concretos y la operación Dalila
Entre los episodios documentados por la Fiscalía figura la detención de una mujer en el CAI Liberia con 183,60 gramos de marihuana ocultos en su cavidad vaginal, y la de otra en el CAI Jorge Arturo Montero con un paquete que combinaba marihuana y clorhidrato de cocaína. Un tercer caso involucra a un hombre que ocultó en su cavidad anal un teléfono marca Unihertz y dos tarjetas SIM.
La investigación, que se extendió por dos años, desembocó el 21 de junio en la operación Dalila, con 39 allanamientos simultáneos en Guanacaste, la zona sur y el Caribe, además de intervenciones en cinco centros penitenciarios. El resultado fue la detención de 34 personas de un total de 41 investigados.
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El nombre de la operación tiene una analogía bíblica: al igual que Dalila traicionó a Sansón, uno de los homicidios vinculados a la banda —hay al menos tres en el cantón de Siquirres— involucró engañar a la víctima con la promesa de un encuentro con dos mujeres antes de asesinarla, según explicó el director interino del OIJ, Michael Soto.
Los vínculos con alias “Diablo” y el funcionario policial detenido
La investigación conecta a la estructura con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, señalado como uno de los delincuentes más buscados de Costa Rica. Tres días después de la operación Dalila, el 24 de julio, el propio Arias Monge fue capturado en San Bernardino de Sarapiquí.
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Entre los 34 detenidos en el operativo inicial figuró un jefe de la Policía Penitenciaria destacado en Guápiles. Su posterior liberación por orden judicial desencadenó una reacción pública del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien le advirtió públicamente que el Centro de Atención de Crímenes Organizados lo esperaba.
El director de la Policía Penitenciaria, comisario Pablo Bertozzi, señaló que el intercambio permanente de información con el OIJ generó al menos ocho alertas operativas sobre posibles ingresos de artículos prohibidos a los penales. Cuatro de esas intervenciones produjeron resultados positivos.
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