Despidos superan los 27,000 en zonas francas nicaragüenses en poco más de un año

La disminución del empleo en las zonas francas de Nicaragua ha llevado al sector a cifras que no se observaban desde hace más de una década, según datos del Banco Central de Nicaragua.

Entre diciembre de 2024 y marzo de 2026, cerca de 27,000 personas dejaron de trabajar en estas empresas, una situación que ha generado preocupación y expectativa entre quienes dependen de este tipo de empleo.

Durante el primer trimestre de 2026, las zonas francas registraron una reducción de 10,954 empleos en las 168 empresas presentes en el país. El promedio anual de trabajadores pasó de 116,762 en 2025 a 96,201 al inicio de 2026. Actualmente, el número de empleados en el sector es inferior a 100,000, una cifra que marca un descenso considerable en el empleo formal.

Este ajuste en el empleo no responde a una única empresa, sino que es el resultado de un proceso que abarca a todo el sector, según información recogida por Confidencial.digital.

Entre los factores identificados por el director ejecutivo de la Corporación de Zonas Francas, Fernando Sánchez, se encuentran los aranceles “recíprocos” implementados por Estados Unidos en 2025, la disminución de pedidos y la concentración en pocos clientes.

Según el funcionario, estos elementos provocaron la salida de aproximadamente 20 empresas y una reducción del empleo del 15% en el último trimestre de ese año.

El impacto social se observa en el testimonio de trabajadores que fueron desvinculados. Algunos relatan que la liquidación obtenida tras el despido resultó insuficiente para cubrir los gastos básicos del hogar. También señalan la pérdida de estabilidad y la incertidumbre que genera la posibilidad de no ser recontratados.

La situación laboral se caracteriza por un ambiente de incertidumbre. Personas con varios años de experiencia en el sector mencionan que los recortes comenzaron con pequeños grupos y se extendieron de manera progresiva, de acuerdo con testimonios recopilados por Confidencial.digital. En varios casos, la posibilidad de volver a ser contratados depende de un eventual aumento de pedidos, pero no hay certeza sobre cuándo podría ocurrir.

Factores económicos y cambios regulatorios

El contexto de reducción de empleo coincidió con cambios en la demanda internacional, la aplicación de aranceles y el traslado de operaciones a países como El Salvador, Guatemala y Honduras. De acuerdo con Sánchez, el segmento de la maquila —que representa entre el 50% y el 60% del total de zonas francas— fue especialmente afectado por la disminución de pedidos.

A pesar de que el número de empresas activas se mantuvo en 168 hasta marzo de 2026, la cifra se encuentra por debajo de las 191 registradas en 2021. Desde 2023, el acumulado de empleos perdidos supera los 43,000, según cifras oficiales.

En marzo de 2026, el gobierno modificó la Ley de Zonas Francas de Exportación para ampliar los incentivos fiscales. Con la reforma, el período de exención de impuestos pasó de quince años a ser prorrogable de forma indefinida, equiparándose con los beneficios de las Zonas Económicas Especiales.

El objetivo de la reforma, según Sánchez, es atraer inversiones y fortalecer tanto a las empresas ya instaladas como a las nuevas. Sin embargo, algunos trabajadores indican que los cambios legales no han generado, hasta ahora, mejoras visibles en el empleo dentro del sector.

Condiciones laborales y expectativas futuras

A pesar de los cambios regulatorios, los despidos continuaron y las condiciones laborales no mostraron mejoras significativas. Algunos trabajadores mencionan que la producción ha seguido disminuyendo y que el temor a nuevos despidos persiste entre el personal, según reportó Confidencial.digital.

Para quienes mantienen su puesto, se han implementado ajustes como la ampliación de jornadas nocturnas y el aumento de las exigencias de producción, lo que ha tenido un impacto en el bienestar laboral.

El sector de zonas francas en Nicaragua atraviesa un período de reducción de empleo, traslado de operaciones y cambios en la normativa que, por el momento, no se han traducido en una recuperación del empleo. La expectativa de una mejora en la estabilidad laboral sigue latente entre los trabajadores.