En el marco de una ofensiva judicial histórica, las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) detallaron los perfiles criminales de seis de los principales líderes de la pandilla Barrio 18.
Estos sujetos forman parte del grupo de 563 altos mandos de la estructura que serán sometidos a un juicio unificado por miles de crímenes cometidos en el país durante la última década.
La Fiscalía identificó formalmente a seis de los cabecillas nacionales e históricos que dirigen las operaciones de las dos facciones de la pandilla (Sureños y Revolucionarios), quienes acumulan expedientes por delitos de sangre, terrorismo y extorsión a gran escala:
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- César Daniel Renderos Díaz, alias “El Muerto”: Considerado uno de los fundadores y cabecillas históricos de la estructura. Se le adjudica directamente la autoría de la masacre de junio de 2006 en Antiguo Cuscatlán (La Libertad Este), donde fueron asesinadas cinco personas, incluidos menores de edad. Enfrenta cargos por homicidio agravado, extorsión, narcotráfico y agrupaciones terroristas.
- Óscar René Moreira Palacios, alias “El Pollo”: Reconocido como el máximo corredor y líder criminal en el sector de La Campanera, en Soyapango (San Salvador Este), una de las zonas tradicionalmente más golpeadas por el accionar de esta pandilla.
- Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”: Con rango de “palabrero” y cabecilla, dirigía una sofisticada red de extorsión en el centro de San Salvador. Su modus operandi incluía instrumentalizar a menores de edad y jóvenes trabajadores ambulantes para recolectar y movilizar los pagos ilícitos.
- Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”
- Andrés Roberto Barillas, alias “Lágrimas”
- Víctor Antonio García, alias “Duke”
A estos cabecillas y sus subordinados se les vincula, además, con crímenes de alto impacto nacional, como la masacre de marzo de 2016 en San Juan Opico (La Libertad Centro), donde 14 trabajadores civiles fueron asesinados de forma violenta.
Un juicio histórico: 563 cabecillas al banquillo de los acusados
La presentación de los perfiles individuales se desprende de la solicitud de imposición de medidas entregada formalmente por la FGR ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
El Ministerio Público busca procesar de manera conjunta a 563 jefes de la pandilla, divididos en sus dos ramas: 275 de la facción Sureños y 288 de la facción Revolucionarios.
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El requerimiento fiscal recopila un total de 14,488 delitos acumulados desde el año 2012 hasta la fecha, abarcando un catálogo de atrocidades que incluye homicidios, secuestros, violaciones, extorsiones, tráfico de armas y trata de personas.
Más allá de los delitos comunes y de terrorismo, el Ministerio Público ha sumado de forma contundente el delito de rebelión. Según explicó el Fiscal Adjunto Contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, este cargo se fundamenta en que los implicados intentaron “imponer un estado criminal paralelo” mediante el control territorial, el uso de las armas y el sometimiento de la sociedad.
“Vamos a saldar esta deuda histórica que teníamos como país y como Fiscalía. Ahora vamos a sentar en el banquillo de los acusados a los cabecillas de ambas fracciones para que respondan por todos los actos cometidos”, afirmó el fiscal Muñoz.
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Las investigaciones apuntan a que este grupo de mandos ordenó y coordinó de forma directa al menos 269 atentados y ataques de gran envergadura contra la población civil honrada. El tribunal ha otorgado un plazo inicial de dos meses de instrucción para que la Fiscalía presente formalmente todas las pruebas científicas, periciales y testimoniales recopiladas.
Por lo tanto, la fecha exacta de la audiencia única todavía no ha sido programada con un día y hora fijos, pero la Fiscalía ha proyectado que el juicio masivo se realice dentro de este mismo año.
Durante este período de dos meses, el caso estará bajo el análisis de la jueza tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, quien, tras evaluar las pruebas del ministerio público, se encargará de fijar la fecha definitiva para sentar a los 563 cabecillas en el banquillo de los acusados.
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