Solo el 17% de los salvadoreños que envían remesas desde Estados Unidos usa canales bancarios

Apenas el 17 % de los salvadoreños que envían remesas lo hace a través de canales bancarios en Estados Unidos, mientras que el 83 % restante utiliza métodos alternativos.

Así lo destacó el economista, Raúl Castellón, en la entrevista Dialogo 21 de Grupo Megavisión, este martes. La afirmación refleja los desafíos de acceso financiero que enfrenta la población migrante, especialmente quienes se encuentran en situación irregular.

“La estadística indica que diecisiete de cada cien logran enviar a través de un medio bancario; es decir, que ya tiene una cuenta bancaria ahí en Estados Unidos y para tener una cuenta bancaria en Estados Unidos, de alguna manera, es porque ha logrado establecer una cierta formalidad. El 83 % del que envía remesa lo hace de otro medio, generalmente a través de estas ‘remesadoras’ que están trabajando”, afirmó el economista.

Destacó que “el Banco Central reveló que la mayoría del dinero lo envían personas sin estatus legal”. La edad promedio de quienes envían remesas se ubica en los 44 años, un dato que, según el economista, refleja un relevo generacional.

En el pasado, la mayoría de remitentes eran personas mayores, pero en la actualidad cada vez más jóvenes asumen ese rol. A pesar de este cambio, la falta de nuevos migrantes, junto con el endurecimiento de la política migratoria de la administración de Donald Trump, plantea retos para el flujo sostenido de remesas.

El Salvador depende en gran medida de las remesas familiares. Durante el año anterior, el país recibió cerca de diez mil millones de dólares en remesas, una cifra que equivale a entre el 25% y el 27% del Producto Interno Bruto (PIB).

Castellón explicó que este flujo de dinero ingresa directamente a los hogares y dinamiza la economía nacional por medio del consumo. “El 99% de la remesa se destina al gasto inmediato, desde el pago de servicios hasta la compra de bienes”, afirmó Castellón en el programa.

César Ríos, experto en migración, invitado también en el programa de entrevista matutino, mencionó el incremento de remesas que se registró en 2025.

“La presión migratoria puede llevar a que, ante la posibilidad de deportaciones o restricciones, los migrantes envíen más dinero de manera anticipada”, apuntó Ríos.

Ambos expertos mencionaron que el crecimiento de las remesas en 2025 fue del 18%, impulsado por el temor a nuevas restricciones migratorias. Sin embargo, en el primer trimestre del año en curso, el crecimiento volvió a niveles históricos, alrededor del 4%.

El consumo que generan las remesas ha sido históricamente uno de los motores del crecimiento económico salvadoreño. Según Castellón, la economía de mercado local depende en gran medida de esa dinámica, aunque advirtió que el país necesita transitar hacia un modelo de desarrollo menos dependiente de estos ingresos externos.

“Deberíamos aspirar a crecimientos económicos superiores al 5% anual y duplicar el tamaño del PIB en los próximos quince años”, puntualizó el economista.

Ríos agregó que la remesa familiar constituye el principal mecanismo redistributivo para los hogares más pobres, pero su uso ha quedado limitado al consumo y no ha sido capitalizado para impulsar desarrollo productivo ni inclusión financiera.

“Solo 17% de los remitentes accede al sistema financiero en Estados Unidos; el resto utiliza ‘remesadoras’, y ni siquiera quienes reciben remesas en El Salvador logran convertir ese flujo en herramientas de crédito o inversión”, comentó el experto.

El debate también abordó la necesidad de transformar las remesas en instrumentos de gestión financiera. Castellón sugirió que los bancos nacionales reconozcan estos ingresos como fuente válida para acceder a créditos y otros servicios, mientras que Ríos propuso políticas públicas orientadas a incentivar la inversión productiva por parte de los salvadoreños en el exterior.

De acuerdo con los especialistas una parte considerable de los fondos enviados durante años recientes corresponde a ahorros acumulados, no a ingresos mensuales estables, lo que podría anticipar una disminución cuando esos recursos se agoten. Además, señalaron que el impuesto del 1% aplicado a las remesas representa un costo adicional para las familias receptoras.

Ante el endurecimiento de las políticas migratorias y las restricciones bancarias en Estados Unidos, miles de salvadoreños enfrentan el riesgo de perder acceso a servicios financieros, lo que podría derivar en una reducción futura del volumen de remesas. Los expertos coincidieron en que el desafío para El Salvador será diversificar su economía, fortalecer la inclusión financiera y promover la inversión productiva, con el objetivo de reducir la dependencia de estos flujos externos.