La justicia hondureña reactivará el proceso penal contra la exjueza de Jurisdicción Nacional Wendy Vanessa Caballero Reyes. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir el juicio oral y público por el presunto delito de abuso de autoridad, tras admitir un recurso de casación del Ministerio Público contra la absolución dictada en 2018.
El expediente fue remitido nuevamente a San Pedro Sula y asignado a la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia, que fijó el inicio del nuevo juicio oral y público para el 26 de noviembre a las 9:00 de la mañana, informó el portavoz de los juzgados de esa ciudad, Ruy Gabriel Barahona.
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La resolución dejó sin efecto la sentencia absolutoria emitida en 2018 por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula y dispuso que el caso sea conocido por un tribunal distinto.
La acusación se originó en un expediente iniciado en diciembre de 2012, cuando las autoridades presentaron requerimiento fiscal contra un grupo de personas investigadas por un supuesto caso de lavado de activos.
Las investigaciones surgieron después del decomiso de una cantidad de moneda extranjera transportada en una embarcación localizada frente a las costas de Trujillo, en el departamento de Colón. Entre los detenidos figuraba un adolescente de 17 años.
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El origen de la acusación
Según la acusación del Ministerio Público, Wendy Caballero, que entonces ejercía funciones como jueza con jurisdicción nacional, dictó medidas cautelares contra el menor tratándolo como si fuese un adulto y ordenó su ingreso a un centro penal ordinario.
Ese procedimiento dio origen al requerimiento fiscal por abuso de autoridad, al considerar que la resolución judicial presuntamente vulneró las normas especiales de protección aplicables a los menores de edad.
El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula resolvió el 26 de febrero de 2018 absolver a Wendy Caballero al concluir que durante el juicio no se logró acreditar su responsabilidad penal en el delito de abuso de autoridad.
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La Fiscalía impugnó esa decisión mediante un recurso de casación y sostuvo que durante el juicio no fueron valoradas adecuadamente diversas pruebas incorporadas al expediente.
Tras revisar los planteamientos, la Sala de lo Penal determinó que existían fundamentos suficientes para ordenar la repetición íntegra del debate oral y público, por lo que un nuevo tribunal deberá valorar nuevamente todas las pruebas antes de emitir sentencia.
Otros procesos contra la exjueza
El caso por abuso de autoridad es uno de varios procesos que Wendy Caballero ha enfrentado desde que comenzaron las investigaciones sobre su actuación como jueza.
Durante la última década, la exfuncionaria judicial fue objeto de distintos requerimientos fiscales relacionados con presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
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Uno de los procesos concluyó con una condena por cohecho, luego de que el Ministerio Público sostuviera que recibió USD 39 mil y un vehículo a cambio de modificar las medidas cautelares impuestas a Alexander Montes Aguilar, señalado por delitos vinculados al crimen organizado.
En ese caso, un tribunal la condenó a cinco años y seis meses de prisión, mientras que su hermano, que fungía como secretario judicial, también fue sentenciado por el mismo delito.
La exjueza también enfrentó otros expedientes por delitos como prevaricato y abuso de autoridad derivados de actuaciones judiciales distintas, con resultados diferentes en cada uno de esos procesos.
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Qué implica la repetición del juicio
La orden emitida por la Sala de lo Penal no representa una condena anticipada ni modifica la condición jurídica de la acusada respecto del delito de abuso de autoridad.
En términos procesales, la repetición del juicio significa que un nuevo tribunal deberá conocer nuevamente el expediente, escuchar a las partes, valorar las pruebas documentales y testimoniales y emitir una nueva sentencia independiente de la resolución anterior.
Durante esta etapa, la defensa de Wendy Caballero podrá ejercer todos los recursos que contempla la legislación hondureña, mientras que el Ministerio Público buscará acreditar los hechos contenidos en su acusación.
La repetición del juicio vuelve a colocar bajo análisis la responsabilidad de funcionarios judiciales en decisiones adoptadas durante procesos, en especial los relacionados con delincuencia organizada y lavado de activos.
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Con la audiencia fijada para noviembre, el proceso volverá a desarrollarse desde la etapa de juicio oral, donde un nuevo tribunal deberá determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidad penal o confirmar la inocencia de la exfuncionaria, conforme a las pruebas presentadas durante el debate.
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