La Fiscalía General continúa los alegatos finales contra 485 cabecillas de la MS-13 en El Salvador

La etapa final del proceso sostiene que los acusados dirigieron entre 2012 y 2022 una estructura criminal ligada a extorsiones, tráfico de drogas y armas, y a la utilización de 1,212 adolescentes en tareas logísticas

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La Fiscalía incluyó ese punto en los alegatos finales del juicio contra 485 presuntos jefes de la pandilla, acusados de rebelión y agrupaciones ilícitas (Foto cortesía FGR)
La Fiscalía incluyó ese punto en los alegatos finales del juicio contra 485 presuntos jefes de la pandilla, acusados de rebelión y agrupaciones ilícitas (Foto cortesía FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador continuó este lunes con los alegatos finales en el juicio contra 485 cabecillas de la MS-13. La acusación sostiene que, entre 2012 y 2022, dirigieron una estructura que cometió agrupaciones ilícitas y rebelión, utilizó a 1,212 menores y obtuvo al menos USD 9 millones por extorsiones.

Según la información oficial difundida este lunes por la FGR, la pandilla utilizó a 1,212 menores de edad para trasladar armas y drogas en distintas zonas del país durante ese período. La institución también afirmó que cobró al menos USD 9 millones a cuatro víctimas para evitar atentados contra sus vidas o las de sus familias.

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La acusación sostiene que los 485 procesados actuaron como creadores, jefes y dirigentes de la MS-13 y que, desde esas posiciones, cometieron el delito de agrupaciones ilícitas. La FGR añadió que también incurrieron en rebelión al decidir quién vivía o moría, cobrar extorsiones y pretender sustituir a las autoridades legítimas.

La acusación por rebelión y agrupaciones ilícitas

El fiscal adjunto Max Muñoz explicó que en esta etapa del juicio la representación fiscal fundamentará cómo esa pandilla “se alzó en armas de grueso calibre en contra del Estado salvadoreño” para imponer “un estado criminal paralelo”, según la Fiscalía General de la República de El Salvador.

La pieza fiscal entrelaza dinero, rutas y logística en distintos puntos del país. Se mencionan marihuana y cocaína, además de compras de armamento. También aparecen actas de denuncia y testimonios incorporados (Foto cortesía FGR)
La pieza fiscal entrelaza dinero, rutas y logística en distintos puntos del país. Se mencionan marihuana y cocaína, además de compras de armamento. También aparecen actas de denuncia y testimonios incorporados (Foto cortesía FGR)

De acuerdo con Muñoz, la acusación busca demostrar que la estructura intentó arrogarse facultades legales de la nación. La FGR encuadra esa conducta dentro del delito de rebelión y la vincula con ataques al orden constitucional y con acciones orientadas a impedir el ejercicio de las facultades del Estado.

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La Fiscalía señaló que la organización no solo recaudó dinero por medio de extorsiones, sino que usó esos recursos para fortalecer su capacidad operativa. Según la institución, el dinero obtenido de las víctimas fue destinado a la compra de armas de fuego de distinto calibre y a otras actividades criminales.

Para respaldar esa línea acusatoria, la FGR aseguró que cuenta con actas de las denuncias presentadas por cada una de las víctimas afectadas por las extorsiones. También dijo que incorporó declaraciones anticipadas de testigos que describen la manera en que la estructura utilizaba el dinero recaudado.

Extorsión, drogas y armas en la acusación

Según la información oficial, la MS-13 también se dedicó al tráfico de drogas. La Fiscalía indicó que la sustancia movilizada era, en su mayoría, marihuana y cocaína, que ingresaba desde México y cruzaba por Guatemala.

La Fiscalía sostiene que entre 2012 y 2022 cometieron agrupaciones ilícitas y rebelión, y obtuvieron al menos USD 9 millones por extorsiones (Foto cortesía FGR)
La Fiscalía sostiene que entre 2012 y 2022 cometieron agrupaciones ilícitas y rebelión, y obtuvieron al menos USD 9 millones por extorsiones (Foto cortesía FGR)

La acusación también abordó el tráfico de armas. De acuerdo con la FGR, esas armas fueron utilizadas por la pandilla para enfrentar a las fuerzas de seguridad pública.

La pieza fiscal presentada en los alegatos finales conecta esos hechos en una sola secuencia: extorsión para obtener recursos, uso de ese dinero para adquirir armamento y sostener otras operaciones, y empleo de menores para trasladar drogas y armas.

La jornada de este lunes estuvo centrada en exponer esos cargos finales contra los 485 cabecillas procesados. La Fiscalía pidió que sean declarados responsables por su papel de conducción dentro de la estructura criminal y por acciones que, según su acusación, buscaron reemplazar a la autoridad estatal y someter a la población mediante violencia y extorsión.

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