
El Salvador se encuentra entre los nueve países de América Latina y el Caribe incluidos en un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Oficina Europea de Patentes (OEP), que advierte que más del 85% de las solicitudes de patentes en la región provienen del extranjero.
Este dato subraya la marcada dependencia tecnológica y las dificultades para transformar la innovación local en desarrollo económico sostenible.
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El estudio, titulado Aprovechar la propiedad intelectual para el desarrollo: oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe, también abarca los casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.
Según los hallazgos, las industrias manufactureras intensivas en propiedad intelectual generan el 12.4% del empleo formal manufacturero y aportan el 13% del valor agregado en ese sector. Sin embargo, su influencia en el comercio exterior es limitada y la inversión en investigación y desarrollo se concentra en el sector público y el ámbito académico.
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De acuerdo con la agencia EFE, estas industrias solo explican el 9% de las exportaciones y el 19% de las importaciones regionales. Por otra parte, quienes trabajan en estos sectores perciben salarios un 32.1% superiores en comparación con otros rubros manufactureros, lo que indica que la innovación puede elevar la calidad de vida laboral, aunque su impacto general todavía es acotado.
La escasa proporción de solicitudes de patentes presentadas por actores locales evidencia que la mayoría de los beneficios económicos de la innovación se orientan hacia empresas y entidades extranjeras.
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El informe identifica la baja inversión en investigación y desarrollo como uno de los factores principales que perpetúan esta situación, y sostiene que esto limita el avance hacia sectores de mayor valor agregado.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, considera necesario replantear el enfoque regional sobre la propiedad intelectual.
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A su juicio, América Latina y el Caribe deben integrar la protección intelectual en políticas amplias de desarrollo productivo, orientadas a cerrar brechas tecnológicas y fortalecer capacidades nacionales. Salazar-Xirinachs sostuvo que “la propiedad intelectual puede contribuir al desarrollo, pero lo hará mejor cuando forme parte de políticas integrales”.
El presidente de la OEP, Antonio Campinos, subrayó que el verdadero impacto económico de la propiedad industrial depende de un ecosistema de innovación sólido y de marcos regulatorios que lo respalden. Campinos remarcó que, pese al talento y conocimiento científico que existe en la región, resulta esencial fortalecer la comercialización, la transferencia tecnológica y los vínculos entre universidad e industria.
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El informe advierte que la inversión en investigación y desarrollo sigue siendo baja y concentrada en el sector público y académico. La falta de recursos privados y la débil articulación con el sector productivo dificultan que el conocimiento se convierta en productos o servicios con competitividad internacional.
El documento sostiene que América Latina y el Caribe, incluido El Salvador, todavía no logra aprovechar plenamente su potencial científico y tecnológico debido a debilidades estructurales en su ecosistema de innovación. La mayor parte de las solicitudes de patentes son extranjeras, y el impacto local en la economía permanece restringido.
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En la presentación del informe en Santiago de Chile, autoridades, organismos internacionales y representantes de 17 países coincidieron en la urgencia de fortalecer políticas públicas, promover la cooperación y facilitar la transferencia de tecnología.
El texto concluye que solo una estrategia integral, que combine talento, recursos y marcos regulatorios, permitirá revertir la tendencia y convertir la propiedad intelectual en un motor real de desarrollo para la región.
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La conferencia regional de alto nivel sobre innovación y propiedad intelectual, realizada en la sede de la Cepal, sirvió como espacio para debatir acciones concretas que permitan cerrar la brecha tecnológica en América Latina y el Caribe.
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