Criminales ya pueden ser condenados a cadena perpetua en El Salvador

Las personas de 12 años en adelante que sean condenadas por homicidio, feminicidio, violación o pertenencia a organizaciones criminales o terroristas en El Salvador pueden recibir cadena perpetua, ya sea para autores o cómplices.

Esta medida está vigente desde el 26 de abril de 2026, tras la entrada en vigor de un paquete de reformas que modificó el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y otras normativas.

Las reformas fueron impulsadas por el presidente Nayib Bukele y ratificadas por la Asamblea Legislativa treinta días antes.

El nuevo marco legal cambió de manera profunda el sistema de justicia incluyendo al juvenil. Hasta antes de la reforma, las penas máximas para adolescentes oscilaban entre 10 y 20 años, según la edad y la gravedad del delito.

Con la nueva legislación, quienes tengan entre 12 y 18 años y sean encontrados culpables de delitos tipificados con prisión perpetua en el Código Penal reciben esa condena de manera obligatoria y sin margen de discrecionalidad judicial.

De acuerdo con la norma, solo después de 25 años se permite la revisión de la sentencia, lo que podría abrir la posibilidad de acceder a libertad controlada si se cumplen los requisitos exigidos.

La reforma al artículo 15 de la Ley Penal Juvenil estableció que, para los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, esta se impondrá sin excepción. De este modo, se eliminó el sistema anterior que diferenciaba el tratamiento judicial para adultos y menores en el caso de delitos de alta gravedad.

Para otros delitos graves que no implican cadena perpetua —como extorsión, secuestro o robo agravado— el internamiento máximo para menores sigue siendo de 15 años. El acceso a la libertad controlada queda limitado solo a quienes hayan cumplido la pena mínima y cumplan con las condiciones adicionales que fija la ley.

Cambios en el proceso penal juvenil y crimen organizado

A partir de la entrada en vigor de las reformas, los adolescentes procesados bajo la Ley contra el crimen organizado quedan excluidos del régimen de la Ley Penal Juvenil.

Esto significa que pueden ser juzgados en tribunales especializados y no en juzgados juveniles. Los procesos judiciales pueden durar hasta 24 meses, con una posible prórroga de 12 meses. Durante todo ese tiempo, los menores permanecen en centros penitenciarios para adultos, aunque en áreas separadas por edad.

Esta modificación permite que los casos masivos contra adolescentes acusados de integrar organizaciones criminales, como maras y pandillas, sean tramitados por tribunales especializados, lo que marca un cambio respecto al esquema de justicia juvenil que existía previamente.

Nueva definición de terrorismo y penas para cómplices

El paquete de reformas también revisó el concepto de “organización terrorista”. Desde su entrada en vigor, se considera organización terrorista a cualquier estructura jerárquica que utilice métodos violentos o inhumanos para infundir terror o arrogarse funciones estatales. Según el dictamen de reforma, los acusados de integrar este tipo de organizaciones —incluso si no son miembros de pandillas— y que sean procesados por delitos establecidos en la Ley Especial contra el Terrorismo pueden enfrentar condenas de entre 20 y 60 años de prisión.

El proyecto de reforma a la Ley contra Actos de Terrorismo endureció las penas: la prisión para integrantes de organizaciones terroristas pasó de 20 a 30 años, mientras que para jefes, dirigentes o cabecillas, el castigo se incrementó, situándose entre 40 y 60 años de prisión.

Así, la pertenencia a estos grupos y la posición jerárquica de los acusados determinan el rango de la sanción, reforzando el carácter punitivo del nuevo marco legal.

En cuanto a los cómplices de delitos castigados con cadena perpetua, la reforma eliminó el límite anterior de dos tercios de la pena máxima. Ahora, la condena para los cómplices puede situarse entre la mitad de la pena principal y hasta 25 años de prisión, que es el plazo previsto para la revisión de la cadena perpetua. La legislación aclara expresamente que en ningún caso la pena para un cómplice será perpetua.

Estas reformas fueron aprobadas durante la vigencia del régimen de excepción que inició en marzo de 2022, un período en el que más de 91 mil personas perfiladas como pandilleros han sido detenidas en El Salvador.