En el distrito de Jiquilisco, correspondiente al departamento de Usulután Oeste, la justicia salvadoreña dictó sentencia contra Wendy Saraí G. y Víctor Geovanny M., quienes recibieron una condena de 43 años de prisión cada uno por el homicidio agravado de un niño de apenas dos años.
Por medio de una publicación en redes sociales, la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) informó que los condenados, madre y padrastro de la víctima, fueron hallados culpables tras un proceso judicial que reveló un patrón de violencia sistemática en el entorno familiar.
Según la información difundida por la FGR, la investigación permitió establecer que ambos responsables ejercían maltrato físico sobre el menor en su residencia habitual.
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El caso tomó un giro determinante en mayo de 2024, cuando Melgar asfixió al niño. Posteriormente, la pareja trasladó al menor a un hospital local bajo el pretexto de un supuesto ataque de epilepsia. El personal médico, al detectar signos evidentes de violencia, activó el protocolo de muerte sospechosa y alertó a las autoridades competentes.
A raíz de la notificación del hospital, las autoridades procedieron a la captura de los implicados, quienes fueron puestos a disposición judicial para responder por el homicidio del menor.
Omisión de auxilio y complicidad: el rol de la madre en el homicidio del menor
Los médicos del hospital notificaron a las autoridades al observar lesiones incompatibles con un accidente o un cuadro médico espontáneo de parte del bebé. Esta medida permitió iniciar una investigación exhaustiva que incluyó pruebas forenses, testimonios de vecinos y registros médicos anteriores, los cuales evidenciaron un historial de violencia.
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La Fiscalía salvadoreña sostuvo durante el juicio que la madre, Wendy, no intervino para frenar el ataque, a pesar de encontrarse presente en el momento de los hechos. Esta omisión resultó determinante para la configuración del delito y la magnitud de la condena impuesta.
De acuerdo con la información publicada por la FGR, la actuación de la madre fue evaluada como una complicidad directa en el homicidio, lo que llevó al tribunal a imponerle la misma pena que a su pareja.
El Tribunal de Sentencia de Usulután fue el encargado de dictar la resolución, tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía. “La evidencia recabada permitió demostrar la responsabilidad penal de ambos imputados en la muerte del menor”, se lee en el post. El caso generó conmoción en la comunidad local y reavivó el debate sobre la protección de los derechos de la infancia en El Salvador.
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El drama vivido por la víctima y la contundencia de la respuesta judicial han puesto nuevamente en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y detección de abusos en el hogar.
La FGR reiteró su compromiso de investigar todos los casos de violencia contra menores.
El expediente judicial quedó cerrado tras la sentencia del Tribunal de Sentencia de Usulután.
La sociedad salvadoreña observa con atención el desarrollo de este y otros casos similares, mientras persiste la exigencia de justicia y protección efectiva para la niñez.
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