La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador tiene en sus manos definir el saldo exacto que el expresidente de la Reública Elías Antonio Saca y su esposa, la exprimera damaAna Ligia Mixco Sol de Saca, deberán reintegrar al Estado. El proceso se centra en el cálculo pendiente tras la sentencia que los declaró responsables de enriquecimiento ilícito durante el período presidencial 2004-2009.
La Fiscalía General de la República informó que el monto original que Saca debe devolver asciende a USD 3,892,698,71, mientras que su esposa tiene una obligación de USD 589,608,42. Estas sumas fueron establecidas por el incremento injustificado en sus patrimonios conforme a la sentencia civil dictada en su contra.
Hasta la fecha, el expresidente solo ha realizado un abono de USD 5,845,75. Por ese motivo, las autoridades fiscales consideran imprescindible un proceso de liquidación para determinar el saldo exacto pendiente y analizar si los bienes embargados alcanzan para cubrir la deuda.
La audiencia instalada busca definir cuánto resta por pagar y si los activos sujetos a medidas cautelares son suficientes para cubrir la cifra señalada. La instancia judicial revisará todos los elementos patrimoniales vinculados al caso.
El objetivo de las autoridades es establecer la deuda real del expresidente y su esposa, luego de la condena por enriquecimiento ilícito, y trazar el camino para recuperar el dinero público involucrado.
Fiscalía incauta bienes adquiridos con fondos públicos por Antonio Saca
En marzo de este año, la Fiscalía General de la República consiguió que 25 inmuebles y 8 productos financieros relacionados al caso de peculado y lavado de dinero de Elías Antonio Saca González pasaran a titularidad y administración del Estado. El valor global de estos bienes asciende a USD 9.6 millones.
El informe fiscal desglosa que los inmuebles están valorados en USD 7,539,533,18, mientras que los productos financieros suman USD 2,036.947,90. Las propiedades se localizan en Zacatecoluca, El Rosario, Tecoluca, Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, Zaragoza y San Benito.
Las investigaciones señalan que Saca estructuró un esquema de siete sociedades fachada para desviar, ocultar y transformar fondos públicos, beneficiándose de estos recursos para adquirir bienes, en su mayoría en zonas exclusivas de La Libertad y San Salvador.
Durante su gestión presidencial, los fondos públicos se movieron primero hacia cinco sociedades principales, que recibieron y redistribuyeron el dinero. Posteriormente, los recursos fluyeron a otras tres entidades que actuaron como receptoras finales de activos y propiedades.
El análisis fiscal detalla la función de cada sociedad: una administró USD 2,3 millones y cuatro inmuebles; otra USD 1,8 millones y ocho propiedades; una tercera USD 1,7 millones y 11 bienes; una cuarta USD 1,6 millones y un inmueble de alto valor; y otra USD 2,9 millones y un bien en una zona privilegiada.
El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio también ordenó la disolución de estas sociedades fachada. Una vez la sentencia quede firme, todos los bienes pasarán a titularidad estatal.
Con esta medida, la FGR busca garantizar que el patrimonio sustraído por Saca durante su presidencia retorne a las arcas públicas. La acción constituye un avance en la recuperación de fondos desviados por el exmandatario.
Condenas contra Antonio Saca y su círculo cercano
En septiembre de 2018, un fallo judicial marcó un precedente en la lucha contra la corrupción en El Salvador. Elías Antonio Saca y seis de sus más cercanos exfuncionarios fueron condenados tras comprobarse la existencia de una red que desvió fondos públicos desde la presidencia.
La investigación fiscal, iniciada en 2016, permitió recopilar pruebas técnicas, documentales y testimoniales, evidenciando el funcionamiento de la red. El proceso fue realizado con independencia y apego a derecho, según la Fiscalía General de la República.
Durante la vista pública, Saca confesó los delitos, lo que derivó en una condena de 10 años de prisión y el pago de USD 260.732.171,64 como responsabilidad civil.
Las condenas para el resto de exfuncionarios se detallan así:
- Elmer Charlaix: 10 años de prisión y responsabilidad civil de USD 15 millones.
- Julio Rank: 5 años de prisión y responsabilidad civil de USD 8.381.130,39.
- César Funes: 5 años de prisión y responsabilidad civil de USD 886.697,97.
- Francisco Arteaga: 5 años de prisión y responsabilidad civil de USD 7 millones.
- Jorge Herrera: 5 años de prisión y responsabilidad civil de USD 3 millones.
- Pablo Gómez: 16 años de prisión y responsabilidad civil de USD 5 millones.
La suma total de responsabilidades civiles para todos los condenados asciende a USD 300 millones. La Fiscalía inició procesos de extinción de dominio para que los bienes del expresidente, sus familiares y testaferros pasen a manos del Estado.
La sentencia representa un antes y un después en la persecución de la corrupción política en el país, reafirmando el principio de igualdad ante la ley y el compromiso de recuperar los fondos públicos desviados.
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