El vicepresidente Félix Ulloa suscribe acuerdo para fortalecer la capacitación jurídica en El Salvador

El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa hijo, firmó una carta de entendimiento con el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Miguel Calero, en su calidad de rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP).

Este acuerdo tiene como objetivo primordial el fortalecimiento de los conocimientos en el área jurídica, mediante una colaboración institucional que busca elevar el nivel de formación de profesionales del sector público y jurídico en el país.

Durante la ceremonia, Ulloa subrayó que este entendimiento representa un mensaje claro sobre la importancia de la cooperación y la sinergia entre instituciones del Estado, elementos esenciales para la modernización institucional.

El vicepresidente destacó que la formación del talento humano es clave en este proceso, especialmente cuando se articula en los ámbitos jurídico y de la innovación en la administración pública. Ulloa señaló que “la articulación entre el ámbito jurídico y la innovación en la administración pública resulta clave para consolidar un Estado más eficiente”.

Por su parte, el presidente del CNJ, Miguel Calero, enfatizó que el Consejo impulsa procesos formativos dirigidos a profesionales del sector jurídico en todo el territorio nacional. Calero valoró la alianza con la ESIAP, cuya oferta académica se alinea con la visión de transformación impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Según Calero, la actualización constante y la formación especializada responden a los retos actuales de la administración pública y de la judicatura en El Salvador.

Claudia de Larin, directora ejecutiva de la ESIAP, comentó que la alianza permitirá crear programas de formación y certificación de valor, con un enfoque práctico y especializado. De Larin resaltó que la co-creación de programas integrales responde a la necesidad de contar con servidores públicos mejor preparados y capaces de afrontar los desafíos contemporáneos del sector público.

Ambas instituciones coincidieron en la importancia de articular esfuerzos para robustecer la formación de los profesionales jurídicos y de los servidores públicos, a través de una oferta académica más integral, actualizada y alineada con las demandas del país.

Se acordó desarrollar programas conjuntos y ampliar las oportunidades de capacitación en áreas estratégicas, con el propósito de fortalecer la administración pública y acercar sus servicios a la ciudadanía.

En las semanas recientes, el vicepresidente Félix Ulloa ha mantenido una agenda activa en eventos institucionales y foros internacionales. La semana pasada, Ulloa participó en la inauguración de un foro regional sobre innovación en la administración pública, donde abordó los retos de la digitalización y la transparencia en los procesos gubernamentales.

Además, sostuvo reuniones con representantes de organismos multilaterales para discutir propuestas de cooperación en materia de formación judicial y tecnologías aplicadas al sistema legal salvadoreño.

Recientemente, el vicepresidente encabezó la presentación del informe anual de la ESIAP, en el que destacó los avances en la capacitación de funcionarios y la implementación de herramientas tecnológicas para la gestión pública.

En sus intervenciones públicas, Ulloa ha reiterado su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades del sector público y la modernización de las instituciones estatales. El vicepresidente ha hecho énfasis en la necesidad de apostar por la formación continua y la articulación entre entidades, para lograr una administración pública transparente, eficiente y orientada al servicio de los salvadoreños.

La firma de la carta de entendimiento entre la Vicepresidencia, la ESIAP y el CNJ se suma a una serie de iniciativas impulsadas por Ulloa para consolidar una administración pública más preparada, innovadora y al servicio de la ciudadanía. Este acuerdo refleja la apuesta del gobierno salvadoreño por la profesionalización del sector público y el fortalecimiento del Estado de derecho en el país.