Abogados penalistas urgen fortalecer investigación y atención en casos de violación en El Salvador

La reforma al artículo 27 de la Constitución de la República que habilita penas perpetuas para delitos de violación ha generado inquietud entre sectores jurídicos en El Salvador. Abogados penalistas recomiendan capacitar a operadores de justicia para investigar de forma profunda el delito de violación y mejorar el acompañamiento a víctimas.

En entrevista con Infobae, Rosina Valiente, abogada penalista especializada en delitos de género, y Miguel ángel Cárcamo Iraheta, penalista con experiencia en derecho penal económico, alertan sobre la necesidad de profundizar la investigación judicial.

Ambos coinciden en que la correcta identificación de hechos y la protección de las víctimas requieren una transformación multidisciplinaria en el sistema.

“Muchos procesos terminan con inocentes condenados porque el sistema se limita a la versión de la víctima y a pruebas biológicas, sin un análisis profundo del contexto ni de posibles denuncias falsas”, expuso Valiente. A su juicio, la capacitación debe dirigirse a jueces, fiscales, equipos criminológicos y personal de Medicina Legal para que empleen herramientas científicas y psicológicas de manera rigurosa.

Por su parte, Cárcamo Iraheta, sostiene que el testimonio de la víctima, la evaluación psicológica y el peritaje forense constituyen los tres eslabones fundamentales en la determinación judicial.

“El testimonio es clave porque estos delitos ocurren en la intimidad y, en muchos casos, no existen testigos. El segundo elemento es la valoración psicológica, que debe realizarse por personal experto, y el tercero es el examen médico forense”, indicó el penalista. Este procedimiento no siempre se sigue de forma estricta, lo que puede afectar la objetividad de los fallos.

El entorno de revictimización y la ausencia de protocolos sensibles en el trato a mujeres y niñas víctimas de violación han sido señalados por ambos expertos. Valiente propone la creación de una unidad especializada donde solo trabajen mujeres profesionales, especialmente ginecólogas y psicólogas, para asistir a las víctimas.

“El trauma se agrava cuando la atención la brinda personal masculino. Las niñas y mujeres deberían poder acceder a exámenes médicos y apoyo emocional en espacios seguros, dirigidos únicamente por mujeres”, subrayó Valiente.

Otra recomendación central es la creación de hogares de resguardo para mujeres víctimas de violación o violencia intrafamiliar. Según los abogados, El Salvador carece de refugios estatales que permitan a las víctimas y a sus hijos alejarse de entornos agresivos o peligrosos. “No existen espacios donde una mujer o una niña puedan acudir tras denunciar un abuso, lo que dificulta la protección y la recuperación”, explicó Valiente.

A nivel judicial, los penalistas advierten sobre la importancia de que la reforma al artículo 27 no se limite a endurecer penas, sino que incorpore mecanismos de revisión y acompañamiento. Cárcamo Iraheta detalló que la revisión de condenas, la evaluación periódica del interno y la posible libertad bajo condiciones deben estar supervisadas por el consejo criminológico, tal como lo establece la ley.

Respecto a la responsabilidad patrimonial del agresor, los expertos enfatizan la urgencia de que el Estado aplique medidas que permitan destinar el patrimonio del condenado a la manutención de los hijos nacidos de una violación. “La víctima no debe asumir sola la carga económica y emocional. Si el agresor posee bienes, estos deben cubrir los gastos médicos, psicológicos y de manutención del menor”, afirmó Cárcamo Iraheta.

Los abogados también advierten sobre la estigmatización social y familiar que enfrentan niñas y mujeres víctimas de abuso, especialmente cuando el agresor es un familiar. “La intervención estatal debe ir más allá del proceso penal. Se debe garantizar seguimiento psicológico y protección integral”, concluyó Valiente.

Todas las propuestas de los profesionales, que incluyen la especialización de los operadores judiciales, la creación de unidades médicas y psicológicas dirigidas por mujeres, el establecimiento de refugios y la aplicación efectiva de la responsabilidad patrimonial, buscan asegurar investigaciones más precisas y un acompañamiento real a las víctimas, en un contexto donde la reforma constitucional incrementa la severidad de las penas, pero no resuelve los desafíos estructurales de la justicia penal.