El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Soyapango impuso condenas de hasta 130 años de prisión a 62 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que operaban en el departamento de San Vicente, El Salvador.
Entre los sentenciados destaca José Alberto Mazariego Marroquín, identificado como corredor de clica y considerado uno de los principales cabecillas de la estructura. Mazariego recibió la pena máxima por homicidio agravado, extorsión y agrupaciones ilícitas. Otros integrantes de la pandilla fueron sentenciados a penas de hasta 70 años de cárcel, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Uno de los crímenes que sustentó la condena ocurrió en marzo de 2022 en el sector conocido como Cerro La Labor. De acuerdo con la investigación, la víctima fue citada bajo engaños para realizar una entrega de compras y, al llegar, Mazariego le disparó en la cabeza.
Las pruebas presentadas demostraron la participación de los sentenciados en una serie de delitos graves, incluyendo homicidios, extorsión y amenazas contra habitantes de diversas zonas de San Vicente y San Salvador, donde ejercían control territorial y cometían crímenes de forma sistemática.
Las sentencias forman parte de la política de endurecimiento judicial contra estructuras criminales en el país. Los condenados permanecen recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad inaugurada en 2023 en Tecoluca, diseñada para albergar a hasta 40,000 reclusos, entre ellos miembros de alto rango de las principales pandillas salvadoreñas. El CECOT ha sido señalado como una de las cárceles más estrictas del mundo y concentra a los reclusos considerados de mayor peligrosidad.
Otras condenas recientes a pandilleros en El Salvador
El caso de los 62 miembros de la MS-13 no es aislado. En los últimos meses, los tribunales salvadoreños han impuesto penas históricas a integrantes de diferentes estructuras criminales. El 17 de febrero de 2026, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó sentencias de hasta 60 años de prisión para 57 miembros de la MS-13 por delitos cometidos en Chalatenango, incluyendo organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, posesión de drogas y tenencia ilegal de armas. Por su parte, en Santa Ana, 12 miembros de la pandilla Barrio 18 fueron condenados a penas que van de 20 a 45 años de prisión por su participación en crímenes en la zona conocida como Cancha Lobato.
El 24 de febrero de 2026, 59 integrantes del Barrio 18 fueron sentenciados a penas individuales de hasta 597 años de prisión por delitos como extorsión, homicidio agravado y tráfico de personas. Mario Josué Anzora Ramírez, alias ‘Soso’, recibió la condena más alta, mientras que otros cabecillas como Denis Raúl Martínez Arias y Mauricio Alexander Leiva también enfrentan penas superiores a los 300 años. Estas sentencias respondieron a hechos delictivos ocurridos entre 2018 y 2021, y evidencian la política de acumulación de penas en los procesos judiciales masivos.
En diciembre de 2025, un fallo del sistema judicial condenó a 248 miembros de la Mara Salvatrucha a penas que suman hasta 1,335 años de prisión por delitos cometidos entre 2014 y 2022 en La Libertad. Los jueces responsabilizaron a los procesados por homicidios agravados, desapariciones, feminicidios, extorsión, conspiración y tráfico ilícito. Destaca que la mayoría de los sentenciados pertenecía a la clica Teclas Locos Salvatruchos, una de las facciones más activas de la MS-13 en el país.
Además, ocho miembros del Barrio 18 recibieron en marzo de 2026 sentencias que oscilan entre 100 y 408 años de prisión por su implicación en un triple feminicidio y otros homicidios perpetrados en Ilopango en 2010. Las investigaciones revelaron que los condenados privaron de libertad y asesinaron a tres mujeres, además de estar vinculados a una serie de crímenes dentro del sistema penitenciario.
Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, El Salvador ha detenido a más de 94,800 personas por presunta vinculación con pandillas, según cifras oficiales. Sin embargo, solo cerca del 23% de los detenidos han recibido condena y sentencia firme, mientras que el resto permanece en prisión preventiva. La acumulación de penas, la judicialización colectiva y el traslado de los líderes a centros de máxima seguridad como el CECOT son los pilares de la estrategia gubernamental para desarticular las estructuras criminales.
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