El domingo primero de marzo, las autoridades de El Salvador registraron dos homicidios en el departamento de Ahuachapán. En ambos crímenes, las víctimas y los presuntos responsables se encontraban consumiendo bebidas alcoholicas, según la información oficial divulgada por la Policía Nacional Civil (PNC), a través de sus redes sociales.
Uno de los casos se produjo en San Pedro Puxtla, en la zona sur de Ahuachapán, durante las primeras horas del día. El informe policial indica que un hombre fue agredido mortalmente con un arma blanca, tras una discusión ocurrida mientras bebía junto a Rafael Antonio Pineda Pérez.
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Las investigaciones identificaron a Pineda Pérez, señalado como presunto miembro de la MS13, clica Miramares Locos Salvatruchos, como el responsable del ataque.
Según la PNC, la agresión ocurrió cuando ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que desembocó en una riña que terminó con la muerte de la víctima. Las autoridades no confirmaron la identidad del fallecido.
El segundo hecho violento se registró horas más tarde ese mismo domingo en Atiquizaya, en la zona norte del mismo departamento. La víctima, un hombre que se hallaba en una venta de granos básicos, falleció tras recibir un golpe letal con un objeto contundente durante una pelea con el propietario del establecimiento, identificado como Miguel ángel Sandoval Castaneda, de 55 años.
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La policía detalló que ambos participantes habían estado bebiendo alcohol antes de la agresión, y tras el incidente, Sandoval Castaneda fue capturado en el lugar y remitido por el delito de homicidio, según la información oficial recabada por la PNC.
Las penas y la respuesta judicial ante los homicidios
Según la legislación vigente, el delito de homicidio simple se sanciona con penas de entre 15 y 20 años de prisión. No obstante, recientes reformas anunciadas por las autoridades prevén incrementar esas condenas a rangos de 25 a 35 años, y de 35 a 60 años en casos calificados como homicidio agravado, lo que evidencia un endurecimiento progresivo del marco penal salvadoreño frente a hechos violentos.
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Ambos responsables de los homicidios del domingo fueron detenidos de manera inmediata, acción que las autoridades presentan como parte de una estrategia de contención ante episodios delictivos, en línea con los parámetros del actual contexto de seguridad nacional.
Descenso en los homicidios y políticas de seguridad
En el balance de lo que va del año, la PNC reportó nueve homicidios a nivel nacional, de los cuales cuatro ocurrieron en enero y cinco en febrero. Las autoridades han conseguido realizar detenciones en la mayoría de estos casos, consolidando la tendencia descendente en la cifra de asesinatos.
Para comparar, los registros oficiales subrayan la magnitud del cambio: el 1 de marzo de 2018 se contabilizaron 15 asesinatos en todo el país, lo que reflejaba entonces el impacto de la violencia estructural vinculada al accionar de organizaciones criminales.
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El régimen de excepción y el Plan Control Territorial como medidas estructurales
Desde el 27 de marzo de 2022, el gobierno salvadoreño mantiene vigente un régimen de excepción a escala nacional, orientado a detener la escalada de violencia atribuida a las estructuras criminales. Según los reportes de la PNC, la implementación de este régimen, junto con el Plan Control Territorial, ha resultado en avances significativos en materia de seguridad, lo que se traduce en un descenso notorio del índice de homicidios en comparación con años anteriores.
La restricción temporal de derechos bajo este marco excepcional y la intensificación de acciones policiales buscan consolidar la reducción de asesinatos que, según históricos oficiales, han caído a niveles inéditos desde la activación de estas políticas.
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