Un salvadoreño identificado como Edgar Omar Revelo álvarez fue detenido por las autoridades acusado de estafa agravada tras defraudar a 44 personas mediante la venta de boletos aéreos falsos.
El delito, que tiene sanción de ocho a quince años de prisión, se produjo cuando Revelo utilizó redes sociales para ofrecer pasajes a precios inferiores a los del mercado, solicitando adelantos económicos a las víctimas y cortando comunicación después de recibir los pagos, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La detención se concretó antes de que el procesado lograra abandonar El Salvador, hecho posible gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
Las investigaciones detalladas por la FGR revelan que Revelo ofrecía supuestas ofertas de boletos en plataformas digitales, bajo el argumento de que los compradores solo debían pagar los impuestos de abordaje.
Tras concretar acuerdos, recibía tanto abonos parciales como montos completos. Ninguna de las víctimas recibió los boletos prometidos ni la devolución de su dinero, situación por la cual la Fiscalía emitió orden de detención por estafa agravada.
El código penal de El Salvador establece que la estafa agravada, cuando el fraude supera los 87.500 colones (actualmente $10,000) o involucra a más de 10 personas, tiene una condena de ocho a quince años de cárcel. Aunque las autoridades no especificaron el monto defraudado, en este caso, la cantidad de víctimas ubican el delito dentro de los parámetros más severos de condena, según la legislación vigente.
Hasta 48 años de prisión por estafa en una rifa
Previamente la Fiscalía General de la República reportó la sentencia contra Miguel Antonio Molina Ávila, quien fue condenado a 48 años de cárcel y a pagar $12,000 en concepto de responsabilidad civil, tras comprobarse estafa agravada en perjuicio de seis personas, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Sentencia de La Unión.
La investigación determinó que, entre 2024 y 2025, Molina ávila empleó distintos mecanismos para ganar la confianza de sus víctimas, como ofrecer la venta de un vehículo a bajo precio bajo la justificación de una emergencia familiar o hacerse pasar por prestamista.
Formalizaba la compraventa ante notarios de La Unión, pero al momento de realizar el traspaso en las oficinas de Sertracen, las víctimas descubrían que los vehículos ya registraban compraventas previas con la misma placa, lo que impedía la transferencia legal.
Las seis víctimas realizaron pagos que oscilaron entre $1,200 y $3,000 cada una. Los hechos ocurrieron en la ciudad de La Unión. El tribunal consideró que las pruebas aportadas por la FGR demostraron que Ávila actuó con concurso real de delitos, agravando el castigo final.
Tanto en el caso de Edgar Omar Revelo Álvarez como en el de Miguel Antonio Molina Ávila, las autoridades han resaltado la sofisticación de los métodos empleados para atraer a víctimas mediante canales digitales o transacciones aparentemente legítimas. La utilización de redes sociales y la intervención de notarios han servido para crear un entorno de confianza suficiente para que decenas de personas transfieran sumas considerables en concepto de pagos o anticipos.
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