La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, en coordinación con la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), supervisó esta tarde la destrucción de 398 kilogramos de cocaína, valorados en más de 10 millones de dólares. Los responsables de este cargamento permanecen detenidos mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal por tráfico ilícito, según informó la Fiscalía en su página oficial de X.
El decomiso se originó luego de un operativo realizado el 5 de febrero de 2026 al sur de Playa Toluca, en el departamento de La Libertad. De acuerdo con la Fiscalía, las autoridades interceptaron una embarcación que transportaba 398 kilogramos de cocaína, distribuidos en trece bultos ocultos entre instrumentos de pesca. El valor estimado del cargamento asciende a $10,005,720 dólares.
Handy Yocimar Medina Gómez, de nacionalidad salvadoreña, y Carlos Roberto Quezada Orellana, originario de Guatemala y también identificado con nacionalidad mexicana, fueron detenidos en el lugar. Ambos enfrentan cargos por tráfico ilícito y permanecen bajo custodia, mientras la FGR investiga su posible vínculo con redes internacionales de narcotráfico.
Según el Ministerio de Seguridad de El Salvador, la ruta marítima utilizada por los detenidos conecta puntos en Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos, un corredor habitual para el tráfico de estupefacientes hacia el norte del continente. La FGR y la PNC realizaron pruebas de campo y clasificaron la droga incautada antes de su destrucción, acción que fue supervisada por autoridades antidrogas y documentada por varios medios.
Este decomiso figura entre los más relevantes registrados en la costa salvadoreña durante 2026. El proceso judicial contra Medina Gómez y Quezada Orellana sigue su curso, mientras la Fiscalía mantiene en reserva detalles sobre posibles cómplices y conexiones internacionales.
En un operativo independiente realizado la madrugada de este 27 de febrero, la FGR, junto a la PNC, ejecutó acciones para desmantelar una estructura dedicada a la venta de drogas en el área metropolitana de San Salvador. Según información oficial citada por la Fiscalía, este grupo operaba utilizando plataformas que simulaban servicios de entrega de mercancía, mecanismo que permitía trasladar droga disfrazada de paquetería para evadir los controles policiales.
Las autoridades identificaron a José Antonio Pérez Montoya como cabecilla de la organización, quien contaba con el apoyo de otros sujetos, incluidos varios familiares. En total, se realizaron 24 registros en Santa Tecla, Lourdes y Soyapango, donde la droga era distribuida y comercializada.
Entre los capturados figuran Gloria América Gil, Josué Edenilson Bonilla Rivas, José Ezequiel Sosa Rodríguez, Julio Enrique Morales Quintanilla, Orlando Francisco Díaz, Guillermo Enrique Orellana Benítez, Bryan David Sánchez Molina, Brenda Guadalupe Leones Navarrete, Bryan Moisés Pérez Valladares, William Alexander Rivera Huezo, Edwin Egardo Martínez Alvarado, Juan Manuel Reyes Flores, Christian Enrique Miron Noyola, Pamela Saraí Acevedo Guevara, Maykol Francisco Pichinte Alfaro y Miguel ángel González Villaran.
Plan Control Territorial
El Plan Control Territorial es la estrategia de seguridad implementada por el gobierno El Salvador desde junio de 2019 para enfrentar a las pandillas, reducir homicidios y recuperar zonas controladas por grupos delictivos. El plan incluye varias fases, desde el control de cárceles y modernización de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, hasta programas sociales y dispositivos de seguridad en comunidades.
Entre los principales resultados se destaca una baja significativa en los índices de homicidios y delitos, el establecimiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y la aplicación de un régimen de excepción desde marzo de 2022. El objetivo es desarticular las estructuras criminales y garantizar la soberanía estatal en todo el país, combinando acciones de seguridad con inversión social.
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