La eliminación del requisito de apostilla en trámites comerciales busca dinamizar la economía salvadoreña

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador dictaminó favorable la reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), una propuesta que elimina la exigencia de legalización o apostilla en documentos públicos extranjeros vinculados directamente a operaciones comerciales o aduaneras. Según el dictamen, el objetivo es facilitar los trámites administrativos, reducir formalidades innecesarias y dinamizar la actividad económica en el país.

El dictamen, presentado el 23 de febrero de 2026 en el Palacio Legislativo, responde a una iniciativa del gobierno central, canalizada a través del Ministerio de Economía. La reforma incorpora el artículo 4-A a la Ley de Procedimientos Administrativos y establece que la administración pública no exigirá legalización o apostilla para documentos públicos extranjeros relacionados con comercio o aduanas siempre que existan mecanismos de verificación electrónica, validación institucional o acuerdos internacionales que permitan comprobar su autenticidad.

En la sesión de este lunes, Martha Solís, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, explicó que el país ha implementado un proyecto de simplificación y digitalización con más de 2,500 trámites simplificados hasta la fecha. “Estamos fortaleciendo la competitividad de El Salvador, pero principalmente queremos sumar a que se establezca un clima de negocio atractivo para los inversionistas nacionales como extranjeros”, afirmó Solís ante la comisión.

Solís señaló que la reforma busca eliminar formalidades como la apostilla, especialmente en procesos comerciales y aduaneros, y precisó que “todas las instituciones del Gobierno deberán adaptar sus normativas” para aplicar lo dispuesto en el nuevo artículo. Subrayó que la reforma no elimina mecanismos de control, sino que moderniza la verificación documental mediante medios electrónicos y otros mecanismos contemplados en la normativa nacional e internacional.

Ana Figueroa, presidenta de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, consideró que la reforma permitirá acelerar procesos administrativos y favorecer la inversión extranjera. Figueroa expuso: “Sabemos que en este momento El Salvador está siendo visto por todo el mundo, precisamente porque aquí estamos haciendo cosas buenas y esto está atrayendo muchísima inversión extranjera, que necesita de todos estos documentos formales para poder hacer negocios acá”.

La diputada recordó que en el periodo anterior la Asamblea aprobó la apostilla electrónica, lo que ya permitió simplificar trámites, aunque apuntó que “todavía es necesario más” para modernizar la administración pública. Indicó que esta reforma es un paso adicional para facilitar la llegada y operación de inversionistas en el país.

En la comisión, la diputada Evelyn Merlos sostuvo que la reforma significa “un avance muy importante hacia una administración pública más moderna, eficiente, garantizando procesos comerciales y aduaneros más rápidos y accesibles”.

Solís explicó que la reforma beneficiará trámites de representación legal de inversionistas extranjeros y la autorización de funcionamiento de fábricas en el exterior, además de reducir costos para los usuarios, ya que en muchos países la apostilla implica pagos adicionales. La funcionaria concretó: “Los productos como alimentos, medicamentos, insumos médicos, pueden llegar más rápido a nuestros consumidores, porque lo que se espera impactar son esos trámites aduaneros”.

La Corte de Cuentas de la República será la entidad encargada de verificar el cumplimiento de la disposición en las instituciones públicas, que deberán adecuar internamente sus procedimientos. El decreto entrará en vigencia, siempre y cuando el pleno vote a favor del dictamen y luego este sea enviado a publicación en el Diario Oficial.