
Más de 1.5 millones de salvadoreños podrían quedarse sin la posibilidad de acceder a una pensión, ya que, según las proyecciones del experto en pensiones Patricio Pineda, no lograrán completar los 25 años de aportes que exige la ley para jubilarse.
De los 1.9 millones de cotizantes registrados actualmente en el sistema previsional, una proporción significativa terminaría recibiendo únicamente una asignación mínima al concluir su vida laboral, debido a la dificultad de cumplir con los requisitos establecidos, así lo estimó Patricio Pineda de la Mesa por una Pensión Digna.
La situación se agrava por la magnitud del sector informal en El Salvador, donde se estima que cerca de 3.000.000 de personas trabajan fuera de cualquier esquema de protección previsional.
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Aunque este grupo representa el 42 % del Producto Interno Bruto del país, carece de acceso a la seguridad social, lo que pone en evidencia una brecha estructural que afecta al sistema y limita el alcance de los derechos sociales para una parte sustancial de la población económicamente activa.
La cobertura real del sistema previsional también resulta limitada, advirtió Pineda. De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC), actualmente solo 958,000 personas cotizan de manera activa en un país con más de 6.3 millones de habitantes.
Este porcentaje de cobertura, de apenas 27 %, se mantiene igual desde 1998, lo que evidencia un estancamiento en la ampliación del acceso a la protección social y en el reconocimiento efectivo de derechos previsionales a lo largo de más de dos décadas.
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Otro factor clave es la baja densidad de cotización. La mayoría de los trabajadores salvadoreños cotiza menos de un tercio de los meses de cada año, una tendencia especialmente marcada en el grupo de jóvenes de 18 a 35 años.
En la última década, el país ha experimentado la pérdida de más de un millón de empleos formales, lo que ha profundizado la dificultad para mantener la continuidad de los aportes y alcanzar los años requeridos para una pensión completa.
En el plano financiero, la deuda previsional muestra un crecimiento sostenido que preocupa a los analistas. Según datos de Banco Central de Reserva a noviembre de 2025 la deuda superaba los 11,241.1 millones de dólares, un aumento de 715 millones respecto a diciembre del año anterior.
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Este incremento refleja la presión creciente sobre la sostenibilidad del sistema y la necesidad de encontrar soluciones estructurales que permitan garantizar el pago de las obligaciones presentes y futuras.
Frente a este panorama, la Mesa por una Pensión Digna ha presentado una propuesta técnica que busca fortalecer el sistema previsional salvadoreño.
El modelo sugiere un esquema mixto y flexible, que permitiría la administración pública, privada o combinada, y mantiene la tasa de cotización en 16 %. La propuesta plantea redistribuir los aportes: 13.2 puntos se destinarían al pilar solidario y dos puntos a la cuenta individual, eliminando la cuenta de garantía solidaria para diversificar las fuentes de pensión y mejorar la equidad del sistema.
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Además, se contempla la reducción de comisiones y el mantenimiento de la edad de jubilación en 55 años para mujeres y 60 para hombres. La Mesa destaca que el ahorro acumulado podría emplearse para cubrir las obligaciones previsionales, proponiendo cuotas anuales de USD 800.000.000 a partir de 2027.
Pineda insiste en que la garantía de una pensión digna y la ampliación de la cobertura deben ser el eje de cualquier reforma, promoviendo un debate técnico enfocado en el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema previsional para las próximas generaciones.
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